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#YoTeDefiendo
La defensa del territorio es una apuesta en común desde diferentes movimientos, colectivos, organizaciones, pero sobre todo es el eje central de la resistencia y la lucha de los pueblos originarios, ya que desde hace más de 500 años se ha venido construyendo un sistema colonialista, capitalista, patriarcal; el cual despoja a nivel ideológico, territorial, cultural, económico, político y social. Deconstruirlo forma parte de los esfuerzos de los pueblos.
Defender el territorio implica la defensa de la vida misma, ya que, desde las cosmovisiones mayas, se tienen principios que apuestan al equilibrio, armonía y relación con todos los elementos de la Madre Tierra. Esta relación entre el territorio, la vida, la madre tierra, conlleva a la defensa misma de los derechos humanos a nivel individual y colectivo.
Actualmente este sistema que opera a través del Estado-Gobierno utiliza diferentes estrategias para seguir oprimiendo y despojando, es decir, violentando los derechos individuales y colectivos.
Una de ellas es la criminalización y judicialización de las personas que defienden los derechos, es decir, que los principales interesados en apartar a quienes se oponen a sus intereses, sufren de toda una campaña de difamación de su labor y de su personas, se les estigmatiza comparándolos con criminales. Al lograrlo, los operadores de justicia promueven acusaciones penales en los tribunales, buscan castigarlos por su rol de defensor o defensora del territorio y no porque hayan cometido algún delito.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, en el país hemos visto la acelerada imposición del proyecto extractivo, empujado por empresarios nacionales y transnacionales en muchos de los territorios de Guatemala hemos presenciado la detención de autoridades ancestrales, comunitarias, indígenas o sociales; San Miguel Ixtahuacán, San Juan Sacatepéquez, Barillas, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, El Estor, Livingston, Cahabón, Chiquimula, Santa Rosa, entre otros.
En el peor de los casos cuando la criminalización no funciona, son asesinados los líderes y lideresas que defienden el territorio. Como trasfondo la criminalización busca desarticular y desgastar las luchas que se tienen en diversas comunidades, ya que atacan a actorxs clave, que posicionan un activismo fundamental para llevar adelante las acciones.
Esta estrategia aborda diferentes medios, como la imparcialidad de los operadores de justicia en Guatemala, ya sea de manera coercitiva o voluntaria, a pesar de que se concretan garantías constitucionales: derecho a la vida, organización, movilización y libertad de expresión; estas garantías se traducen a los principios colectivos de los pueblos originarios, pero que se violentan en la cotidianidad de un Estado opresor, operativizado por el pacto de corrupción instalado.
La violación de estos derechos humanos impacta negativamente de diversas formas a los sectores que han sido atacados históricamente, principalmente a los pueblos originarios y mujeres; la vulnerabilidad de estos es mayor, ya que se vive en contextos donde se violentan sistemáticamente. Un ejemplo clave es en el caso de mujeres, que a parte de la criminalización y judicialización que viven, también se enfrentan con violencias físicas, psicológicas, entre otras, dentro de sus cotidianidades.
Es por ello que esta campaña de comunicación tiene como objetivo principal visibilizar la defensa del territorio, a partir del papel que han jugado los liderazgos en los diversos territorios. La defensa de derechos no es un crimen, al contrario, buscan que a cada persona se le respeten sus garantías, buscan defender la democracia, una acción que va de la mano con el ejercicio de la justicia y de aquellas personas que la imparten.
Una campaña con el apoyo de la Asociación Maya Uk’u’x B’e, la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, el Consejo de Pueblos K’iche’ CPK y Prensa Comunitaria.