Editorial
Hay que tomar con cautela las promesas de los políticos. Sin importar la bandera que enarbolan, muchas veces la realidad termina siendo distinta a lo que ofrecen. Esto se debe a que ejecutar un plan de gobierno, uno ambicioso que pueda liberar al Estado del control de las mafias, requiere de más de cuatro años y una gestión con fuerza política para echarlo a andar.
Sin embargo, este escenario no se ha presentado. Ninguno de los nueve partidos que han alcanzado la Presidencia —sin contar al actual— ha conseguido gobernar más de un período en la era democrática. Tampoco hay fuertes convicciones políticas, por lo cual el país tiene un enorme cementerio de organizaciones y un constante reciclaje de figuras. Así, cada administración desperdicia la oportunidad de impulsar cambios profundos y termina operando, una y otra vez, para aprovecharse del Estado.
Por eso, es común que, en lugar de planes de largo plazo, se ofrezcan soluciones inmediatas, casi mágicas, para problemas complejos: reactivar la pena de muerte (lo cual, es imposible) para combatir la delincuencia, poner bloqueadores de señal teléfonica en las cárceles para terminar con las extorsiones o tapar todos los baches de la red vial en seis meses.
Esta última promesa la hizo Alejandro Giammattei. Su gobierno, ampliamente antidemocrático, terminó hace algún tiempo y el ofrecimiento quedó en palabras. Hubo, sí, mucho dinero para proyectos que prometían carreteras. Y hoy, después de un año de investigación, podemos decir que una enorme cantidad de recursos destinados para infraestructura fueron saqueados.
Durante esta semana, Prensa Comunitaria publicará una serie de reportajes que develan un mecanismo de corrupción con el que se extrajeron cientos de millones de quetzales del erario. En el esquema están involucrados funcionarios —incluyendo un actual diputado— y varias compañías, muy cuestionables, que ganaron licitaciones amañadas.
Para armar la investigación analizamos cientos de documentos del Ministerio de Comunicaciones, datos de Guatecompras, informes de la Contraloría General de Cuentas, hicimos entrevistas, creamos bases de datos y visitamos algunas de las carreteras en las que operó el sistema de saqueo.
La historia que hemos preparado está plasmada en reportajes, audiovisuales, gráficas y una serie de recursos que, esperamos, faciliten la comprensión del mecanismo de extracción, uno que fue complejo y efectivo para el objetivo corrupto para el que fue creado.
No fue fácil constatar los hechos, porque hubo una serie de amenazas que nos prometían cárcel y hubo una fuerte campaña de desprestigio que hizo que el camino para mostrarla fuera hostil.
Dada esa situación, reconocemos el apoyo que el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame le ha brindado al autor de este extenso trabajo periodístico, para desarrollarlo en un ambiente seguro, académico y de excelencia investigativa.
Por aparte, nos encontramos con un muro levantado por la gestión de Bernardo Arévalo, que impidió sistemáticamente el acceso a información pública. A pesar de eso, la investigación está sustentada en muchos documentos.
Los hallazgos son categóricos. Es, sin duda, uno de los casos de corrupción más graves descubiertos por el periodismo en Guatemala. Es, además, una mala noticia. Una muy mala.
No obstante, publicarla es muestra de nuestro compromiso de informar, pero también de querer que estos actos no se repitan y que los responsables tampoco queden impunes. Por supuesto, llevarlos a los tribunales es una atribución de otros entes.
Si bien vivimos en una crisis de impunidad perpetrada por el Ministerio Público en complicidad del Organismo Judicial, confiamos en que tarde o temprano dichas instituciones cumplan su propósito para que los políticos dejen de prometer asfalto y, en cambio, nos entreguen corrupción.
