El fiscal que dirigió la investigación con la que se criminalizó a estudiantes y profesionales de la USAC fue trasladado a otra fiscalía. Sánchez fue uno de los agentes fiscales cercanos al círculo de la exfiscal general Consuelo Porras.
Por Alexander Valdéz
El Ministerio Público (MP), ahora bajo la dirección de Gabriel García Luna, continúa generando movimientos internos. En las últimas horas, Saúl Sánchez, hasta ahora encargado de la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación, fue trasladado a otra unidad de investigación. Prensa Comunitaria conoció que por ahora quedó designado a la Fiscalía contra Secuestros.
El traslado implica que Sánchez deje de conocer la investigación que impulsó desde 2023 y con la que se criminalizó a estudiantes, trabajadores y académicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) que se opusieron a la imposición de Walter Mazariegos como rector en 2022, en un proceso señalado de fraude.
Sánchez es un agente fiscal que ha ocupado distintos cargos dentro del MP durante varios años, principalmente en la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Sin embargo, su nombre cobró relevancia pública tras encabezar ese caso durante la gestión de Consuelo Porras.
Las acciones promovidas por Sánchez fueron cuestionadas por sectores académicos y organizaciones sociales, que las señalaron como mecanismos de criminalización contra quienes defendían la autonomía universitaria y denunciaron el fraude en la elección de rector de la USAC.
De ese proceso fue que derivaron órdenes de captura, exilios, encarcelamientos y procesos penales contra integrantes del movimiento universitario y voces críticas dentro de la USAC.
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Un caso que continúa castigando
El caso se remonta al 16 de noviembre de 2023, cuando fueron capturados Eduardo Velásquez, Rodolfo Chang, Alfredo Beber, Javier De León y Marcela Blanco; días después también fue detenido Jorge Macario. Hasta ahora, 24 personas han sido ligadas a proceso dentro de este expediente. La mayoría de audiencias programadas han sido suspendidas por resoluciones del juzgado o por la inasistencia de representantes del MP. Eso ha implicado que los actores criminalizados sigan sometidos a un proceso penal.
Fue un listado de 27 personas con órdenes de aprehensión cuyas denuncias penales se promovieron desde la propia Universidad y firmadas por Mazariegos. Los señalados fueron procesados en diferentes grupos, pudiendo salir de prisión con medidas sustitutivas.
En el “Caso Toma Usac: Botín Político”, como lo nombró el Ministerio Público, se criminaliza a la comunidad universitaria por rechazar un acto ilegal como fue la “elección de rector”, al mismo tiempo que el caso es usado para implicar a varios diputados y al binomio presidencial electo, todos pertenecientes al partido Semilla.
El caso también alcanzó a Jordán Rodas, a quien se le persigue por sus publicaciones en redes sociales y por haber participado como candidato a dirigir la Usac y haberse postulado como candidato a la vicepresidencia del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
Los estudiantes Pedro Ros y Christopher Morales solicitaron al fiscal general, Gabriel García Luna, que impulse las denuncias relacionadas con el presunto fraude electoral en la USAC y las acciones atribuidas a Walter Mazariegos y al actual Consejo Superior Universitario. Ros aseguró que los estudiantes y académicos han enfrentado criminalización, expulsiones y exilio, afectando sus proyectos de vida, por lo que pidió que se prioricen las investigaciones contra quienes considera responsables de la crisis universitaria.
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Otros cambios
En dos semanas, los últimos secretarios administrativos que permanecían en el MP desde la gestión de Porras, también dejaron sus puestos. Entre las salidas figuran funcionarios de las secretarías de Política Criminal, Planificación, de la Mujer, de Pueblos Indígenas y contra la Corrupción.
Estos movimientos se suman a la destitución del exjefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y a las renuncias de otros vinculados a la anterior administración, como Dimas Jiménez y Julio Recinos.
Pie de página
El fiscal Saúl Sánchez renunció al Ministerio Público horas después de que se conociera su traslado. Sánchez pertenecía a la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural desde donde realizó su labor de persecución contra estudiantes, docentes y profesionales en el caso USAC. Se le había designado su traslado a la Fiscalía Contra Secuestros.
