La elección de la próxima o próximo fiscal general vuelve a colocar en el centro del tablero a universidades, abogados y magistrados que, lejos de actuar como actores aislados, se organizan en bloques con capacidad de inclinar la balanza. Decanos, dirigentes del CANG y la CSJ disputan un proceso que definirá si el Ministerio Público sigue siendo un instrumento de criminalización y persecución discrecional o se abre la puerta para que se inicie un cambio de rumbo. Aunque Bernardo Arévalo será el que tenga la última palabra para elegir a quien dirija el MP, los grupos vinculados al Ejecutivo deben cabildear en la Comisión para lograr que en el listado de seis se incluya a una de las candidaturas por la que se incliné el presidente.
Todos estos movimientos se producen mientras esta semana la Comisión de Postulación a magistraturas del TSE avanza en medio de polémicas por el poder que ostenta Walter Mazariegos y el nombramiento del comisionado Mynor Herrera por ser ministro de culto y señalado por organizaciones sociales de cuestionar los resultados electorales.
Por Rony Ríos
Mientras esta semana se instaló la Comisión de Postulación en el Congreso, que renovará las magistraturas del TSE, y avanzó en la convocatoria y tabla de calificación a los aspirantes; una serie de movimientos y alianzas de cara a una gran batalla va viento en popa en otra parte de la ciudad capital.
Esa batalla es el proceso establecido en la constitución y otras leyes, para elegir a un nuevo o nueva fiscal en el Ministerio Público. Esta elección también se realiza por medio de una comisión postuladora, tiene plazos y procedimientos específicos, que a diferencia de la del TSE, los nombres de sus integrantes ya están definidos y la misma podría empezar a funcionar esta semana.
La Comisión de Postulación para fiscal general es uno de los espacios donde el poder se organiza lejos de las urnas. Aunque la ley plantea un proceso técnico y meritocrático, en la práctica se trata de una negociación política entre redes, en la que confluyen universidades, gremios profesionales y magistrados y alianzas que se reconfiguran que responden a lógicas cercanas a los grandes grupos económicos y sus intereses.
El presidente Arévalo tendrá la última palabra en elegir de una lista de seis nombres que le presente la Comisión. ¿Qué tanto le favorecerá el equilibrio de fuerzas para que en esa lista se incluya los nombres de las personas más idóneas para el cargo o que le represente la garantía de que la criminalización y persecución política emprendida por el Ministerio Público dirigido por Consuelos Porras se termine.
El presidente puede recibir de la mano de la Comisión Postuladora una lista con seis perfiles idóneos en su totalidad o por el contrario que carezcan de ella. “Puedo recibir una lista con seis nombres malos o más o menos”, dijo en una ocasión el entonces presidente de México, Manuel López Obrador, al explicar la dificultad de elegir funcionarios cuando las opciones que le daban no eran las más ideales. De allí el interés de los grupos en el poder para cabildear desde el inicio con los integrantes de la Comisión Postuladora.
La comisión se integra por los 12 decanos de facultades de Derecho, la presidenta y la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Son 15 personas en total.
Este grupo evalúa a los aspirantes, asigna punteos y redacta una nómina final de seis candidatos que es remitida al presidente de la República, que tiene la facultad de designar al fiscal general. En ese trayecto, cada voto cuenta y, en ocasiones, un solo comisionado puede definir quién entra o queda fuera.
¿Cómo se articula a lo interno la Comisión que elegirá a la nueva fiscal?
Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, el peso real de la comisión no está en el número formal de integrantes, sino en la manera en que se articula. “Los decanos son los que tienen la cuota más alta y si se comportarán como un bloque único, serían 12 votos y podrían decidir, pero no es así”, dijo. En la práctica, esos votos se combinan con los del CANG y la CSJ para alcanzar una mayoría funcional, que suele rondar los nueve votos.
Para Ibarra tradicionalmente un grupo de decanos se ha movido de forma más armónica, integrado por las Universidades Rafael Landívar (URL), Mesoamericana (Umes), Mariano Gálvez (UMG), Da Vinci y la del Istmo (Unis). A este bloque de seis se podría sumar la presidenta del CANG.
Otro bloque lo han integrado la Universidad de San Carlos (USAC), Universidad Regional y también la Rural. A este grupo se le agregaría la presidenta del Tribunal de Honor del CANG.
Un tercer bloque, históricamente formado por la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Universidad San Pablo y la Universidad de Occidente (UdeO).
Aparte de ellos estaría la Universidad Panamericana (Upana), que es la que suele moverse entre bloques.
La coyuntura puede cambiar el comportamiento de la Comisión
Aunque esas proyecciones fueron realizadas tomando en cuenta el comportamiento tradicional de las autoridades universitarias, Ibarra dice que todavía se podría modificar, por la aparición de los nuevos comisionados o la coyuntura nacional.
“Si estuviéramos hablando de los mismos decanos de 2024 habría un voto unido de por lo menos 9 de 12 decanos, pero ahora con tanto cambio no sabemos cómo van a desempeñarse”, añadió Ibarra.
Además, en este tipo de procesos, dijo Ibarra, en el que aún no se define quién llegará como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero sin importar quién sea, no necesariamente avalará los mejores perfiles, porque hay 9 o 10 magistrados que son parte de una corriente cuestionable con vínculos a quienes han promovido impunidad desde 2017 y que también estarían vinculados a los partidos Todos, Vamos, UNE y Valor.
“Nadie es independiente en la CSJ, pero hay algunos que son menos apegados a la alianza multisectorial de impunidad o Pacto de corruptos, como le llaman algunos”, enfatizó Ibarra. Asimismo, dijo que si sigue Carlos Lucero Paz como presidente interino habría un entorno de legalidad, pero si deciden por Mauricio Corado o Claudia Paredes se pueden levantar inquietudes sobre amañó para seleccionar los peores perfiles o detener el proceso y seguir con jugadas golpistas.
El movimiento en el equilibrio de las fuerzas de cara a las elecciones de segundo grado, podría estar generando movimiento en las redes tradicionales de poder. Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal del MP, advirtió que el desgaste del actual modelo del MP ha generado movimientos anticipados de defensa entre actores políticos y estructuras que durante años operaron bajo un esquema de protección institucional.
Según Solórzano Foppa, las acciones del MP de Consuelo Porras, ha favorecido la impunidad y el debilitamiento institucional, ya que miles de denuncias se han archivado y desestimadas, sin investigación, y los pactos con redes políticas favorecieron la corrupción, por lo que ahora que las fuerzas se reconfiguran, se observan hechos de violencia para presionar al gobierno.
“Hay una entrevista a los detenidos por el ataque a policías y el pandillero dice: ‘estoy por asesinato, pero no tienen nada contundente’, ellos ya saben que hay impunidad y que van a salir. Están confesando que mataron a los policías y están confiados en que el sistema los va a liberar. No ha habido un acto donde se refleje tanto la impunidad como un marero diciendo, con esa certeza, que no tienen nada contundente”, dijo Solórzano Foppa.
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) – Patricia Elizabeth Gámez Barrera
La presidenta del CANG se ha convertido en una figura central de la reconfiguración de las redes de poder gremial, porque su llegada no fue un hecho aislado, sino el resultado de una articulación sostenida de abogados y operadores que han logrado incidir en procesos clave como la elección de representantes ante comisiones de postulación al TSE.
Abogados consultados coinciden en que Gámez mantiene canales de comunicación fluidos con distintos bloques, que le permitirían consolidar una posición de eje con capacidad de inclinar las correlaciones de fuerza, sin exponerse abiertamente como parte de un solo grupo, aunque siempre se le ha vinculado con el Ejecutivo y el partido Semilla.
Gámez podría ser la cabeza de un bloque que vote en línea dentro de la postuladora a fiscal general y que estaría complementada por algunos decanos y, dependiendo las negociaciones, con la presidenta del Tribunal de Honor del CANG.
Ibarra dice que el voto de Gámez podría ser bisagra porque hay candidatas que dependen de un solo voto. En 2022 hubo una candidata que no entró por un voto y por la ausencia de ese voto se quedó vacante el espacio que ocupó Porras.
Universidad Mariano Gálvez (UMG) – Luis Antonio Ruano Castillo
El decano de Derecho de la UMG ya participó en anteriores comisiones de postulación, incluida la última para elegir fiscal general y en la que finalmente Consuelo Porras fue electa. Por su comportamiento en las votaciones es catalogado como un decano bisagra, ya que dependiendo de varios factores podría inclinarse a favor de alguno de los grupos.
Pese a que la UMG se describe como una institución vinculada a los valores cristianos tradicionales, su papel en las postuladoras no se ha decantado solamente por candidatos conservadores, ya que, Ruano Castillo no apoyó inicialmente la candidatura de Porras, pero sí fue clave para que Nector Guilebaldo de León, Jorge Luis Donado (exprocurador general de la Nación), Darleene Apolonia Monge Pinello, Gabriel García Luna, Silvia Patricia Juárez García y Henry Elías Wilson fueran incluidos en la nómina.
Aunque podría ser un comisionado estratégico, sus antecedentes en estos procesos podrían acercarlo a una asociación con la presidenta del CANG, Patricia Gámez.
Universidad Rafael Landívar (URL) – Julio César Cordón Aguilar
Es una universidad jesuita que enfatiza la responsabilidad social universitaria, comprometida con la justicia y transformación social.
Cordón Aguilar fue secretario de Política Criminal durante el primer periodo de Consuelo Porras, entre 2018 y 2019, cuando renunció para formar parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Además, el decano fue denunciado en 2019 por el exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Andrei González, por supuestamente obstruir y retrasar el caso de financiamiento ilícito en contra del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) consiguiendo que Sandra Torres consiguiera inmunidad.
Aunque Cordón Aguilar no ha participado como comisionado, algunos abogados señalan que la ideología de la unidad académica la hacen comulgar con la agrupación gremial que llevó a Patricia Gámez a la presidencia del CANG y que en enero de 2026 consiguió elegir a Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz como comisionados al TSE.
Universidad del Istmo (Unis) – Pablo Alberto Maldonado Ericastilla
Esta institución declara explícitamente su relación con el Opus Dei, una facción ultraconservadora de la Iglesia católica, que defiende con mucho rigor los valores cristianos más fundamentales.
Su papel dentro de las comisiones de postulación tiende a priorizar la formación profesional y, aunque esta será la primera participación de Maldonado Ericastilla, se le cataloga como un comisionado bisagra que puede vincularse más al sector político conservador.
Además, Maldonado Ericastilla también podría convertirse en un aliado estratégico de Patricia Gámez porque en la política gremial se ha mostrado cercano al grupo de Unidad X la Democracia.
Universidad Da Vinci – José Andrés Reyes Valenzuela
Es una de las universidades que más gradúa abogados, ya que solo se posiciona por detrás de la USAC y la UMG en este ámbito. En 2020, la USAC graduó 374 abogados, la UMG 388 y la Da Vinci 310.
Sin embargo, su mayor crecimiento se dio en 2021 (un año antes de la elección de fiscal general anterior), en donde fue la universidad que más abogados graduó en el país. Solamente en ese año la Da Vinci licenció a 707 abogados, por encima de los 590 de la USAC y 445 de la UMG.
Además, en sus inicios era señalada como una universidad de cartón que solo buscaba tener incidencia en la postuladora y responder a los intereses de su fundador y excandidato por el partido Todos, Freddy Cabrera.
Esta universidad fue señalada por irregularidades en la certificación de títulos de doctorado en Derecho Penal y que habría sido utilizado por Ranulfo Rojas para mejorar su puntaje en su postulación para magistrado al TSE, mientras que Marco Antonio Cornejo Marroquín obtuvo un título de maestría que tampoco cumplía con los requisitos académicos y que también participó como aspirante al TSE.
Ese escándalo, revelado por elPeriódico produjo un gran desgaste reputacional en la universidad que luego decidió colocar a David Gaitán, exmandatario de la CICIG, como decano, aunque Gaitán terminó renunciando por las presiones en su contra.
Sin embargo, desde la última postuladora Cabrera se alejó bastante de los intereses políticos y gremiales para enfocarse en sus negocios comerciales, lo que podría favorecer un acercamiento con el grupo de Patricia Gámez.
Universidad Mesoamericana (Umes) – Nery Leonel Anleu Oliva
Esta universidad es otra de las que derivan de la formación católica, aunque comulga más con la orden Salesiana, que a diferencia de la Landivar (Jesuita) y de la Unis (Opus Dei), está más asociada ideológicamente a la proyección social.
Es una Universidad que no ha mostrado mayor incidencia en las discusiones sobre los aspirantes, pero Anleu Oliva ha sido asesor de la subjefatura del bloque legislativo Azul en el Congreso entre 2024 y 2025, lo que podría extrapolar la alianza de Nery Ramos con Semilla y favorecer a los intereses del bloque de comisionados de Patricia Gámez.
Anleu Oliva también fue asesor legal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) entre 2021 y 2022 y actualmente es el representante suplente de los decanos de derecho en la comisión de postulación para elegir al TSE. En la Comisión fue quien hizo ver que hacía falta la fase de entrevistas para los aspirantes a magistrado.
Corte Suprema de Justicia (CSJ) – Carlos Lucero Paz
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ocupa uno de los cargos más estratégicos del sistema judicial, con influencia directa en la administración interna del Organismo Judicial, en la juramentación de profesionales y actualmente en la integración y presidencia de la Comisión de Postulación para elegir fiscal general.
La CSJ está dividida en dos bloques. Cuando fueron electos, dos magistrados respondían a Sergio Roberto López Villatoro, alias “Rey del Tenis”; tres a Estuardo Gálvez; y ocho a Nester Vásquez, pero conforme avanzó el tiempo, Flor García se separó del grupo de López Villatoro para aliarse con el grupo de Vásquez y Lucero Paz se alió con los tres del grupo de Gálvez, dando forma a las dos facciones: uno de 9 y el otro de 4.
Con esa reconfiguración, la CSJ no ha logrado elegir la presidencia, por lo que Lucero Paz ocupa el cargo de forma interina por ser vocal I. El 21 de enero, el grupo de Nester Vásquez intentó elegir a Claudia Paredes, pero no consiguió realizar la elección, por lo que Lucero Paz seguirá presidiendo el Organismo Judicial (OJ) y se perfila para dirigir la postuladora de fiscal general, dándole al “Rey del Tenis” el control administrativo de la Comisión.
Lucero Paz es percibido como un actor cauteloso y poco confrontativo, que ha optado por una gestión orientada a la estabilidad interna más que a reformas profundas, pero que siempre se ha vinculado con López Villatoro, ya que de la mano de las alianzas con este operador habría llegado a la Corte. El magistrado también ha sido señalado de tener cercanía con el gobierno de Bernardo Arévalo, a quien públicamente ha invitado a buscar consensos y trabajar para recuperar la confianza del sistema de justicia.
Además, el “Rey del Tenis” invitó a Gálvez en los días recién pasados a una cena para manifestarle su apoyo de cara a la candidatura del exrector y Melvin Portillo para magistrados a la Cortes de Constitucionalidad (CC), por lo que esa alianza y sumada la de la CSJ aumentan las probabilidades de que Lucero Paz vote en línea con el grupo de Gálvez.
Tribunal de Honor del CANG – Alicia del Carmen Franco Flores
Como integrante del Tribunal de Honor del CANG, Alicia del Carmen Franco Flores, ocupa una posición clave, pero de bajo perfil mediático, desde donde se dirimen procesos disciplinarios que pueden tener efectos políticos indirectos al gremio. Su rol, aunque formalmente técnico, adquiere relevancia en contextos de alta conflictividad gremial, donde las sanciones o absoluciones inciden en disputas internas de poder.
Franco Flores es hermana del magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Mynor Custodio Franco Flores y es identificada por abogados consultados como una figura alineada a la actual dirigencia del CANG, lo que sugiere una relación de confianza con el grupo que encabeza Patricia Gámez, aunque Franco llegó de la mano de la agrupación gremial del exrector de la USAC, Estuardo Gálvez.
Según la representante de Pro Justicia, Franco armará bloque con el decano de la USAC y de la Universidad Regional porque son personas adscritas a la agrupación Profesionales por la Justicia que lidera Gálvez. Ese bloque de tres deberá sumar otros decanos y ellos pueden convertirse en bisagra.
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) – Henry Manuel Arriaga Contreras
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC es uno de los actores más relevantes dentro de la actual Comisión de Postulación, no solo por representar a la universidad pública, sino por el peso histórico y simbólico que mantiene en estos procesos. Su participación se da en un contexto marcado por la crisis institucional, tras el cuestionado proceso que llevó a Walter Mazariegos a la rectoría.
Arriaga ha tenido una trayectoria previa en espacios académicos y administrativos de la universidad, y su actuación en la postuladora es observada con atención porque, a diferencia de otros decanos, no responde de forma automática a un solo bloque político-gremial.
Arriaga, tradicionalmente plegado a los intereses de Estuardo Gálvez, en años recientes se separó para aliarse con el bloque del magistrado de la CC, Nester Vásquez; sin embargo, abogados consultados señalaron que Arriaga de nuevo se vinculó a Gálvez.
Asimismo, Arriaga es descrito como un comisionado con capacidad de negociación, que suele moverse con cautela y medir el costo político de cada votación, lo que lo coloca en una posición de privilegio, vinculado a Gálvez.
Sin embargo, hay sectores que lo señalan como alguien al que le gusta agradar a todos y eso lo ha llevado a responder a los intereses de Mazariegos o Nester Vásquez.
En 2022 fue comisionado para hacer la nómina de fiscal general y fue parte de un bloque entre el presidente del CANG y del Tribunal de Honor del CANG, los tres vinculados a Nester Vásquez. Ellos tres apoyaron a Consuelo Porras y también votaron por Nector Guilebaldo de León, Jorge Donado Darleene Apolonia Monge Pinello, Henry Elías Wilson y Mynor González Méndez.
Universidad Rural – Mario Raúl García Morales
Al igual que la UFM, la Rural cambió al decano de su facultad de Derecho, por lo que la actuación de García Morales será totalmente nueva de la postuladora, pero se encuentra bajo escrutinio público por su pasado cercano a Sergio Roberto López Villatoro.
Esta institución tiene la particularidad de ser señalada como una “universidad de cartón” para participar en las postuladoras. García Morales, además de ser decano universitario es vocal en la junta directiva de la institución.
Otro de los puntos que activan las alarmas es su relación con el diputado Fidel Reyes Lee, quien además de ser diputado es rector de esa Universidad. Reyes Lee es un congresista que lleva cuatro periodos consecutivos. Llegó con el partido de Manuel Baldizón, Libertad Democrática Renovada (LIDER), después se postuló con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y los últimos dos con el partido Bienestar Nacional (Bien) -vinculado a Alfonso Portillo-.
Un reportaje publicado por el medio digital InSight Crime señaló que en 2018 Jimmy Morales y la familia Arzú tenían vínculos con la Universidad.
Además, grupos gremiales de abogados, señalaron que el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez, buscó acercamientos con la Universidad, pero tradicionalmente esta unidad académica ha votado con el bloque de Gálvez.
Universidad Regional – Luis Felipe Lepe Monterroso
Es una de las universidades más nuevas y que fue fundada por el exrector de la USAC, Estuardo Gálvez, y de ahí el vínculo con este operador.
Aunque Lepe Monterroso no ha participado en las comisiones de postulación, el decano de esta universidad suele responder a los intereses del grupo de Gálvez.
En un informe del Movimiento Projusticia se señala a la Universidad como la única (junto a la San Pablo) que no tenía a ningún egresado juramentado por la CSJ, un requisito indispensable para ejercer la profesión.
Universidad de Occidente (UdeO) – José Ángel Donald González Cuevas
La UdeO es una institución académica que surgió como una extensión de la UFM en Quetzaltenango, por lo que sus valores ideológicos estarían vinculados a los de su casa matriz.
Es otra de las universidades a las que el magistrado Nester Vásquez ha buscado acercarse, a través de su operador Sergio Madrazo. A ello se suma que González Cuevas ha sido vinculado a la Liga Pro Patria, una organización de la ultraderecha y conservadora.
González Cuevas ha sido asesor de varias organizaciones religiosas como la Alianza Evangélica de Guatemala y el Consejo Apostólico de Guatemala y actualmente es secretario de la Comisión de Postulación para magistrados del TSE.
El historial de González Cuevas también contiene su postulación en 2020, cuando se postuló para una magistratura del TSE; y en 2019, al intentar llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También fue asesor del subsecretario de seguridad de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS) entre el 2017 y el 2019, durante el gobierno de Jimmy Morales y viceministro de Gobernación en 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom.
Universidad Panamericana (Upana) – Fernando Sánchez Usera
La Upana se describe como una universidad con principios y valores cristianos y cuyo decano también participó en la postuladora a fiscal general de 2022.
Es dirigida por Mynor Herrera, actual representante de los rectores de las universidades privadas en la Comisión de Postulación para magistrados del TSE. Herrera es señalado por integrar el directorio del Renap, ser amigo del rector de la USAC Walter Mazariegos y ser pastor de la iglesia Verbo (fundada en Guatemala por el general Efraín Ríos Montt, condenado por el delito de genocidio).
La relación entre la Upana y la iglesia neopentecostal no se limita a la doble función de su rector, ya que varios miembros del equipo directivo universitario integran el Consejo Nacional de Ministros Verbo. Además, tiene vínculo con el colegio Verbo, donde ofrece becas estudiantiles.
Usera, además, fue señalado en la alianza que buscaba cooptar el sistema de justicia con negociaciones ilícitas y que la FECI denominó “Comisiones Paralelas 2020”. De hecho, fue uno de los comisionados que más votos coincidieron con el listado que se le decomisó a Gustavo Alejos.
Sánchez Usera fue otro de los ocho decanos que apoyaban la candidatura de Consuelo Porras. Además, sus votos respaldaron a Donado Vivar, Monge Pinello, García Luna y Juárez García. Sánchez Usera podría ser un comisionado bisagra, pero tendiente a apoyar al Bloque 3.
Universidad Francisco Marroquín (UFM) – Arturo Saravia Altolaguirre
Esta universidad se define como una entidad que difunde el liberalismo clásico con un enfoque específico y enfocada al libre mercado o neoliberalismo.
La UFM suele gravitar en los debates sobre libertad económica individual, Estado limitado y pensamiento promercado.
Saravia Altolaguirre no ha participado anteriormente como comisionado de postulación, por lo que hasta este año mostrará su postura en las votaciones a candidatos vinculados a los distintos grupos políticos.
El decano de la UFM podría ser un candidato bisagra que estaría acercándose más a los intereses en la misma línea que los de la Cámara de la Industria de Guatemala, que suelen alinearse en sus formas de pensamiento.
Universidad San Pablo (USPG) – Luis Roberto Aragón Solé
El decano de la San Pablo también es un viejo conocido de las comisiones de postulación. Aragón Solé, tuvo un papel visible en la última postuladora de fiscal general, de la que fue el portavoz.
La Universidad San Pablo de Guatemala fue fundada en 2006 por Harold Caballeros, abogado, pastor evangélico y excandidato a la presidencia de la República por el partido Visión con Valores (Viva).
Según un informe del Movimiento Projusticia, hasta 2023 las universidades Regional y San Pablo de Guatemala no reportaban un solo abogado y notario juramentado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Los profesionales juramentados por la CSJ pueden ejercer como abogados y notarios en los diferentes ámbitos del Estado y de la sociedad”, se lee en el informe.
Aunque la USPG no estaría vinculada directamente con ninguno de los principales operadores políticos, sí resalta la actuación de Aragón Solé en la postuladora de 2022, en donde fue uno de los ocho decanos que respaldó a Consuelo Porras para integrar la nómina final.
El decano de la USPG, además de votar por Porras, también apoyó las candidaturas de Monge Pinelo, de León Ramírez y Juárez García, por lo que se le cataloga como un comisionado bisagra con tendencias conservadoras.
Los escenarios
Los grupos tradicionales en acción
Varios analistas coinciden en que el escenario es complicado, porque los grupos tradicionales que por muchos años han buscado manipular estos procesos se mantienen activos, como el caso de los negociadores evidenciados por la CICIG en los casos de Comisiones Paralelas y Comisiones Paralelas 2020. También podrían haber numerosas impugnaciones que podrían presentarse o eventos que obstaculicen la postuladora y sus plazos o que el presidente se vea imposibilitado de elegir.
Se han visto numerosas estrategias para adelantar, retrasar o sesgar la toma de decisiones, como en la elección de la la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones en 2024, pero no se puede especular hacia donde se inclinará la nómina final porque el presidente de la CSJ no ha convocado a alguna sesión.
Los líderes gremiales en el Colegio de Abogados han notado que los grupos que fundaron ya no son suficientes para ganar elecciones para conseguir puestos de decisión en la institución. Por eso, las alianzas son ahora necesarias para sobrevivir y tener fuerza para negociar políticamente. Algunas “alianzas” entre grupos que en otros procesos jamás se hubiera pensado son una muestra de esa debilidad. Como la unión entre Roberto López Villatoro el “Rey del Tenis” y el exrector Estuardo Gálvez.
En términos de números, la relación entre Gálvez y López Villatoro significa que alcanzarían cuatro votos de los 15 en la postuladora del Ministerio Público.
Entre estos grupos surge el bloque en el que la cara más visible es la presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez y que podría inclinar la balanza hacia el Bernardo Arévalo si logra articular una alianza con Gálvez y con el “Rey del Tenis”.
Tanto el exrector como López Villatoro han tenido acercamientos con el Ejecutivo. Por lo que si sus votos se suman a los denominados “independientes” en la comisión del Ministerio Público (Patricia Gámez, Pablo Alberto Maldonado Ericastilla, Julio César Cordón Aguilar y Luis Antonio Ruano Castillo), ya habría una fuerza dominante en esa instancia.
El voto que vale oro
Se trata de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia que se controla a través de la Presidencia interina de Carlos Lucero Paz. Este voto del presidente es clave en la Comisión de Postulación para elegir fiscal general del Ministerio Público.
Será él quien presida la Comisión Postuladora. Lucero asumió la presidencia porque en el CSJ ninguno de los dos grupos en los que se ha dividido el pleno de magistrados (13 en total) ha logrado el apoyo para elegir a un nuevo presidente para este año.
El grupo de Nester Vásquez, que suma nueve magistrados, ha buscado los medios para que la presidencia de la CSJ quede en manos de alguno de sus aliados: Claudia Paredes, Mauricio Corado o Igmaín Galicia. Pero sus intentos por mantener el control administrativo del Organismo Judicial han fracasado, al menos hasta ahora. Paredes, Corado y Galicia, han sido vinculados a los diputados Allan Rodríguez y Felipe Alejos, y con Consuelo Porras.
De no alcanzar los votos, Lucero seguirá siendo el presidente de la CSJ y de la Postuladora, al menos mientras la alianza entre López Villatoro y el grupo de Gálvez continúe. Es más, el “Rey del Tenis” ha entablado una coalición con el exrector Estuardo Gálvez en el Colegio de Abogados.
Esta inusitada unión, de los antes rivales gremiales, tiene tres objetivos: lograr que Gálvez logre una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, seguir controlando el Organismo Judicial y, como último premio, dirigir la postuladora del Ministerio Público.
Fuentes de la CSJ señalaron que Lucero Paz, magistrado vocal I y presidente interino de la Corte estaría convocando a los comisionados esta semana, para iniciar formalmente con el proceso.
El cambio esperado
Una de las exigencias del Paro Nacional convocado por pueblos y autoridades indígenas, en 2023, fue la destitución de Consuelo Porras y de fiscales cercanos a ella ante la persecución y criminalización de sus dirigentes, periodistas, fiscales y por atentar con el derecho al voto de la ciudadanía.
Bernardo Arévalo y sus funcionarios han sido atacados en reiteradas ocasiones por el MP desde que pasaron a la segunda vuelta electoral. Pero pese a las constantes peticiones para que el presidente destituya a Porras, Arévalo ha dicho que hasta ahora han existido “límites institucionales y políticos” que han impedido la destitución de la fiscal general.
“Son las mafias político-criminales que se resisten… porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia”, dijo Arévalo durante una cadena nacional donde declaró estado de sitió en Guatemala por 30 días, como respuesta a los motines en cárceles y los ataques contra la Policía Nacional Civil que dejaron diez agentes muertos.
El nuevo o nueva fiscal general deberá asumir el 17 de mayo de este año y el mandatario cuenta los días para ese cambio ya que él es el que debe elegir al sustituto o sustituta de Porras en una lista de seis nombres. Sin embargo, el cese de la criminalización y de la persecución política podría estar o no en esa lista de seis nombres que defina la Comisión de Postulación.
