La mayoría de los estados miembros calificó las intenciones de Fredy Orellana de cancelar al Partido Semilla y la del MP de promover antejuicio a Arévalo como acciones que constituyen un intento de golpe de estado técnico en Guatemala.
Héctor Silva Ávalos
No hubo medias tintas en el Salón Simón Bolívar de la OEA en Washington, DC, donde el Consejo Permanente se reunió de forma extraordinaria a petición de Guatemala para discutir las últimas acciones de criminalización emprendidas por el Ministerio Público guatemalteco, que dirige la fiscal general Consuelo Porras, y por el juez Fredy Orellana contra el presidente Bernardo Arévalo y alcaldes y diputados del Movimiento Semilla. La mayoría de los embajadores reiteró su respaldo a Arévalo mientras calificaban de ilegítimos, antidemocráticos y peligrosos los intentos del MP y el juez por judicializar la política guatemalteca.
Los representantes de México, Bolivia, Argentina, Antigua, Colombia, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y España (esta última nación observadora permanente en la mesa de la OEA junto a Italia y Francia) fueron los más enérgicos en condenar al MP, a Porras y a Orellana.
“Las amenazas en Guatemala persisten… (con) la orden espuria del juez Orellana que pretende declarar vacante, dos años después, aunque parezca increíble, la presidencia y la vicepresidencia… Ninguna acción judicial o administrativa puede revertir los resultados de las elecciones de 2023”, dijo Héctor Arce Zaconeta, el embajador boliviano, quien aseguró que el MP y Orellana han utilizado el sistema penal guatemalteco de forma indebida.
Guatemala convocó la sesión extraordinaria el lunes pasado de manera oficial, horas después de que el presidente Arévalo lo mencionara en una intervención pública en que condenó las acciones de criminalización más recientes de Orellana y el MP.
Antes de eso, el viernes 24 de octubre, el juez Fredy Orellana había emitido una resolución en la que ordenaba la nulidad del Movimiento Semilla amparado en un caso abierto por la Fiscalía Especial contra la Impunidad que dirige el fiscal Rafael Curruchiche. Ambos funcionarios han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea como actores corruptos y antidemocráticos.
Cinco días después, el 29 de octubre, la Corte de Constitucionalidad echó tierra a las pretensiones de Orellana y el MP al resolver sin lugar la resolución del juez de declarar la nulidad de Semilla. Con esto, el máximo tribunal volvió a dejar en firme los resultados de las elecciones presidenciales de 2023.
Ese mismo día, el 29 de octubre, por un caso no relacionado, el MP de Consuelo Porras pidió el retiro de la inmunidad constitucional a Arévalo y a la presidenta Karin Herrera para que sean juzgados por la fuga de pandilleros del Barrio 18.
Cuando Arévalo respondió a estas acciones, en conferencia de prensa del domingo 27 de octubre, dijo que todo obedecía a una intentona golpista encabezada por el MP y anunció que recurriría a la OEA invocando la Carta Democrática del organismo, que la faculta para la intervención diplomática cuando las instituciones democráticas de los países miembro están en peligro.
Apoyo mayoritario
Por lo visto y escuchado en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el apoyo continental al gobierno de Arévalo no tiene fisuras, y los matices son pocos y apenas perceptibles, mientras que la condena a las acciones del MP y de operadores de justicia como el juez Orellana es generalizada.
La convocatoria de este miércoles 30 de octubre arrancó con la alocución introductoria de Carlos Martínez Alvarado, el canciller guatemalteco, quien en apenas dos minutos ya había delineado la queja y a los responsables de eso que el gobierno de Arévalo llama un intento de golpe de estado.
“En los últimos días se han realizado una serie de actuaciones arbitrarias e ilegítimas por parte de operadores del sistema de justicia, de jueces y del Ministerio Público, orientadas a distorsionar los resultados de las elecciones generales de 2023, a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y a forzar la destitución de autoridades legítimamente electas por el pueblo guatemalteco, incluyendo diputadas y diputados, alcaldes, la vicepresidenta y el propio presidente de la República”, leyó Martínez ante los representantes de las Américas y el secretario general,
El canciller guatemalteco aprovechó para calificar como “espurias” e “inventadas” las acusaciones hechas por el fiscal Curruchiche en el marco de una investigación que involucra un convenio entre el gobierno Arévalo y la oficina de proyectos de Naciones Unidas (UNOPS) para la compra de medicamentos y abastecimiento de hospitales.
“El MP de Consuelo Porras mantiene abiertas 24 investigaciones por supuestos actos de corrupción en ministerios del gobierno del presidente Arévalo. Sin embargo, la misma institución no ha mostrado avances en más de 300 denuncias presentadas por el Ejecutivo contra la administración anterior. Esta contradicción pone en tela de juicio el papel del Ministerio Público, que actúa con sesgo político y que utiliza su poder con el fin de desgastar a la actual administración”, acusó Martínez.
Algunas de las investigaciones no atendidas o enterradas por el MP de Porras y Curruchiche que atañen a la administración del expresidente Alejandro Giammattei tienen que ver con supuestos sobornos recibidos por el exmandatario y por esquemas de corrupción en los que aparece involucrado Miguel Martínez, uno de los funcionarios más influyentes de ese gobierno. Giammattei fue uno de los principales valedores políticos de la fiscal Porras.
Las delegaciones de la OEA entienden que estas acciones son parte de la “judicialización maliciosa” encaminada a atacar y deslegitimar al gobierno que los guatemaltecos eligieron en las presidenciales de 2023 y cuya legalidad ya fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad en dos ocasiones y certificada por el Tribunal Supremo Electoral.
“El juez Fredy Orellana y la fiscal Consuelo Porras han actuado para anular los resultados de 2023. Estamos ante la judicialización excesiva de la que habíamos partido. Estamos ante el ‘lawfare’, la ley mal utilizada para intentar cambiar la voluntad del pueblo de Guatemala”, dijo Ronald Michael Sanders, embajador de Antigua en la OEA. Sanders era presidente del Consejo Permanente en 2023, cuando presidió una misión especial que fue a Guatemala tras las elecciones para certificar los resultados electorales.
Las embajadoras de Colombia, España y Panamá hicieron, durante sus intervenciones, exposiciones detalladas de la situación en Guatemala. La representante panameña, además, destacó la importancia de las elecciones de magistrados de altas cortes, jefe de la contraloría y de nuevo fiscal general, entre otros funcionarios que serán reemplazados en 2026. “En el contexto actual, estos procesos cobran especial importancia”, dijo.
Y fueron las representaciones de Ecuador y Argentina, ambas de apoyo a Arévalo, las más contundentes. Carlos Cherniak, el embajador argentino, arrancó diciendo: “Es una sana práctica que no se politice la justicia ni se judicialice la política” y luego apeló a que la OEA juegue un papel activo en la condena de regímenes en los que hay ciudadanos torturados, detenidos por razones políticas y otros forzados a dejar sus países para salvar sus vidas.
Mónica Palencia, la embajadora de la ONU, hizo resaltar su voz al decir, antes de leer la alocución que llevaba escrita: “La OEA se está pronunciando. Respaldamos sin dudas al presidente Arévalo”.
La tibia respuesta de Estados Unidos
Todas fueron, en general, muestras de apoyo al gobierno de Bernardo Arévalo. Los matices llegaron marcados de forma tenue, en la intervención de Kimberly J. Penland, la embajadora estadounidense, por ejemplo. Penland nombró a Arévalo como aliado en la agenda del presidente Donald Trump, que resumió en tres puntos: disminución de la migración, combate a la pandilla Barrio 18 y combate al narcotráfico. Estados Unidos fue de los pocos países que, en esta sesión, no fueron explícitos en condenar al MP de Guatemala y al juez Orellana.
El Salvador fue el único de los tres vecinos centroamericanos con los que comparte fronteras que guardó silencio en el tema. En meses recientes, la fiscal Porras se ha reunido en al menos dos ocasiones con su homólogo salvadoreño, Rodolfo Delgado, quien también ha sido acusado por la oposición política local y por organismos de derechos humanos de abusos.
Belice, país con el que Guatemala comparte buena parte de su frontera este, fue explícito en su apoyo a Arévalo y su condena a las acciones del MP y los operadores judiciales. También lo fue Honduras.
Las misiones europeas presentes en la OEA como observadoras permanentes también destacaron la importancia de la elección de un nuevo fiscal general el año que viene y reiteraron su apoyo a Arévalo y al buen funcionamiento democrático de Guatemala.
“La democracia no es un destino, sino una construcción constante. Aquel episodio (de 2023) no fue un punto y aparte… España sigue acompañando al pueblo guatemalteco”, dijo Carmen Montón, la representante de Madrid.
Al final de la sesión extraordinaria, el secretario general de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, anunció que el organismo enviará una misión especial para dar seguimiento a los procesos de selección de funcionarios en 2026.
