La Corte de Constitucionalidad rechaza los amparos presentados por Sahara Méndez y Sergio Morataya, dos de los diez universitarios expulsados por oponerse al rector Walter Mazariegos. La decisión confirma el uso del régimen disciplinario como herramienta de criminalización dentro de la única universidad pública del país.
Por Prensa Comunitaria
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió sin lugar el recurso de apelación presentado por Sahara Yarith Méndez Anckermann y Sergio Yoel Morataya de León, ambos expulsados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) en mayo de este año.
Los magistrados en su alegato señalan que los estudiantes no agotaron la vía administrativa, al no interponer un recurso de reposición ante el CSU antes de acudir al amparo. En consecuencia, declararon sin lugar sus apelaciones y ratifican la sanción de expulsión impuesta.
Las expulsiones de Méndez y Morataya fueron aprobadas por el CSU en el Acta 09-2025, bajo el argumento de que participaron en la “irrupción, obstaculización e impedimento del acceso” a instalaciones universitarias, en particular el campus central y al Paraninfo Universitario, durante las protestas que se extendieron entre 2022 y 2023, cuando la comunidad universitaria denunciaba el fraude de la elección a rector que concluyó con la designación de Walter Mazariegos.
Las sanciones incluyeron la cancelación de sus registros académicos, impidiéndoles continuar sus estudios. El proceso de expulsión ha sido ampliamente señalado por su carácter arbitrario y la falta de debido proceso dentro de la actual administración. La decisión fue aprobada en una sesión del Consejo Superior Universitario en la que la expulsión no figuraba en la agenda, y donde no se permitió a varios consejeros conocer ni debatir los medios de defensa presentados por los estudiantes frente a las acusaciones. Ambos denunciaron que no tuvieron acceso al expediente ni posibilidad real de presentar pruebas, mientras el CSU actuó como juez y parte en su contra.
Persecución administrativa
Desde que Walter Mazariegos asumió la rectoría, en 2022, en medio de un proceso cuestionado, la USAC ha enfrentado un deterioro institucional sin precedentes.
Durante este periodo se ha documentado que la administración ha utilizado procesos disciplinarios, sanciones administrativas y penales como mecanismos de represión interna contra estudiantes, docentes, trabajadores y sociedad civil por cuestionar la legitimidad de la administración de Mazariegos y del CSU.
En 2024, el CSU inició procedimientos contra docenas de universitarios, acusándolos de oponerse a Mazariegos mediante manifestaciones y protestas. Hasta la fecha de estos procedimientos se han hecho patente la expulsión de diez estudiantes, todos vinculados a movimientos que denunciaron el fraude y exigieron la recuperación de la autonomía universitaria.
En junio del 2025 varias organizaciones reunidas en la Asamblea de Organizaciones Sociales denunciaron la violencia contra derechos a la educación superior, la libertad de expresión contra estudiantes que han defendido la autonomía universitaria.
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El último proceso disciplinario que abrió el CSU contra la comunidad universitaria se dio el pasado viernes 17 en el que instauro una medida disciplinaria contra un docente de la Facultad de Agronomía.
Patrón de impunidad
Las resoluciones de la CC consolidan un precedente preocupante: los órganos judiciales del país no están dispuestos a revisar ni limitar las decisiones del CSU, pese a las denuncias de violaciones a los derechos de defensa, libertad de expresión, educación y de participación política.
Mientras rechaza estas apelaciones, no ha realizado ninguna acción para hacer valer amparos vigentes que obligan al CSU a convocar elecciones de todos sus miembros que tienen vencidos los cargos, siendo estos al menos 33 de los 40. Ni el amparo que obliga al CSU a reincorporar a Camilo García como consejero y estudiante de la USAC.
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Una estrategia de control político de la USAC
Las expulsiones, junto a otras medidas disciplinarias y penales en curso, son parte de una estrategia de control político dentro de la USAC, que busca neutralizar la oposición interna y garantizar la permanencia de Walter Mazariegos y su grupo en el poder universitario. En este contexto, la Corte de Constitucionalidad, integrada por magistrados señalados por sus vínculos con sectores políticos corruptos, se ha alineado nuevamente con los intereses del bloque que domina el aparato estatal.
Este panorama se intensifica conforme se acercan las elecciones de segundo grado en el país, procesos en los que la USAC debe designar a su representación ante la Corte de Constitucionalidad de una magistratura titular y suplente.
Para los movimientos estudiantiles, que se han pronunciado abiertamente en espacios públicos y digitales, el mensaje es claro: la vía institucional está cerrada, y la defensa de la autonomía y la libertad universitaria vuelve a depender de la movilización social y académica.
