En tres ocasiones, el sistema de justicia declaró la inocencia de doce autoridades indígenas y dirigentes comunitarios de Patzún, Chimaltenango, quienes enfrentaron un proceso de siete años tras ser denunciados por la Junta Directiva del Centro Comunal de Patzún (CECOPA), espacio que ellos intentaron recuperar en noviembre de 2018.
Por Joel Solano y Regina Pérez
Autoridades indígenas y dirigentes comunitarios de Patzún, Chimaltenango, informaron sobre la absolución de los cargos en su contra en tres instancias judiciales debido a un proceso penal que duró siete años en el que se les acusaba de usurpación agravada y coacción, al intentar recuperar el Centro Comunal de Patzún (CECOPA), en noviembre de 2018.
En una rueda de prensa ofrecida el 11 de junio por las y los comunitarios dieron a conocer que tres instancias judiciales probaron su inocencia: un tribunal de primera instancia, una Sala de Apelaciones y la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El pasado 19 de mayo, las autoridades fueron notificadas por la CSJ de una resolución que declaró sin lugar un recurso de casación presentado por la Junta Directiva del CECOPA, que denunció a los comunitarios. En dicho recurso, los demandantes señalaron que la Sala Regional Mixta de Apelaciones en Antigua Guatemala no había fundamentado su fallo.
En su resolución, los magistrados de la Cámara Penal, Gustavo Adolfo Morales, presidente, René Guillermo Girón y Luis Mauricio Corado señalaron que la Sala cumplió con su deber de fundamentar su fallo.
Tras conocer esta última resolución, los comunitarios criminalizados expresaron su satisfacción y alegría por el cierre de un proceso que duró 7 años.
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“Gracias a Dios estamos absueltos, así mismo agradecemos a COPAE (Comisión Paz y Ecología) que nos apoyó en brindarnos a los abogados en defensa de nosotros. Lo que pretendíamos el 4 de noviembre del 2018, era la recuperación del bien comunal CECOPA, nos sentimos halagados y satisfechos por el acompañamiento que nos han dado”, dijo Rafael Sincal Teleguario, uno de los comunitarios absueltos.
Sincal indicó que las consecuencias de sufrir esta criminalización los dejó enfermos y otras personas fallecieron. Liandro Coy, el profesor Noé Días y Doroteo Sincal Ajuchan no lograron sobrevivir a los siete años de criminalización. “Éramos 15 los criminalizados ahora ya solo vivimos 12”.
Julián Patal, otro de los afectados, expresó su alegría por la absolución. “Hemos salido de toda esta criminalización, nos acusaron de delincuentes. Queremos que la población entienda que es patrimonio nuestro, no de unos cuántos vecinos de Patzún”, agregó.
Los demandantes por su parte no han tenido éxito en reactivar el proceso penal.
La lucha por recuperar CECOPA
La recuperación del Centro Comunal de Patzún se inició con un proceso de diálogo con la Junta Directiva de dicho centro, a la que señalan de perseguir únicamente sus intereses personales, pero no lograron ningún acuerdo.
Es por ello que decidieron con los vecinos, autoridades comunitarias y sectores de la población convocar una asamblea general que se realizó en la cancha municipal de la localidad en noviembre de 2018. Ahí plantearon la necesidad de recuperar dicho centro que afirman, le pertenece al pueblo de Patzún.
Este centro tiene varios siglos de historia. Según las autoridades indígenas, desde 1778 el predio fue comprado por las y los vecinos de Patzún, quienes recaudaron 68 tostones de plata, la moneda en aquel tiempo.
El CECOPA se fundó a partir del terremoto de 1976. Varias personas, junto con instituciones locales, iniciaron su construcción para contribuir a la reconstrucción del pueblo, ya que fue de los municipios que más fueron afectados.
Fue utilizado como hospedaje para viajeros, sede de las cofradías y caja real por lo que los comunitarios reclamaban que el bien le perteneciera a la población y no a un grupo de particulares que decidiera sobre su administración.
Desde su fundación surgió como un proyecto comunal que buscaba el fortalecimiento de la identidad y cultura de la población maya Kaqchikel. Pero con el tiempo quienes lo dirigieron desnaturalizaron su función al mezclar intereses económicos y particulares.
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Julián Patal, uno de los afectados, explicó que los directivos tienen tomado el CECOPA porque no rinden cuentas de informes financieros y no cumplen con los estatutos para los que fue creado. El centro comunal se compone de una Junta Directiva de 13 miembros, un tribunal de honor y un director.
Los que siguen al frente de la directiva, que son los mismos del 2018, tienen 23 años de estar en esa instancia sin rendir cuentas. “Solo indicaban que habían Q500 en el CECOPA y a nosotros se nos acusó de robo, amenazas, reuniones ilícitas pero el juzgado nos absolvió de todos los delitos”, indicó Patal.
El largo caminar en los tribunales de justicia
La primera resolución a favor de las y los comunitarios se dio el 2 de septiembre de 2022, emitida por la jueza Alba Delia Moscoso Linares, del Tribunal Unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
Entre las pruebas presentadas a favor de los comunitarios figura un estudio antropológico que muestra que el CECOPA es una Casa Común, por lo que no se cometió el delito de usurpación agravada.
Por aparte, también se probó que las amenazas a las personas en la asamblea no existieron y que la recuperación del centro realizó de forma pacífica en la que incluso estuvieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo tanto, no hubo coacción. “No pudieron probar que nosotros amenazamos a las personas ese día, se hizo de manera pacífica”, dijo Nery Xiquita, uno de los criminalizados.
En su resolución, la jueza Moscoso Linares dijo que el Ministerio Público (MP) no presentó las pruebas contundentes para criminalizar a los 15 comunitarios. La jueza también realizó una inspección en las instalaciones en donde constató que había estacionamiento, servicio sanitario, imágenes que se resguardan para el pueblo, una biblioteca y que el lugar no tenía ningún daño. Los 15 comunitarios acusados solo exigieron entrar a su casa, señaló.
Segundo y tercer fallo declaran sin lugar la acusación
Los demandantes al conocer la absolución en el Tribunal de Chimaltenango solicitaron llevar el caso a Antigua Guatemala el cual fue conocido por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones. El 22 de agosto de 2023 dicha Sala resolvió sin lugar dicha apelación especial, confirmando la inocencia de las personas, según la abogada defensora Lucía Xiloj.
La tercera instancia judicial donde fue llevado este caso fue la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia donde se presentó un recurso de casación el cual fue dado sin lugar en enero de 2025, confirmando por tercera vez la inocencia de los comunitarios.
En el fallo, los magistrados de la Cámara Penal, señalaron que el reclamo era inconsistente y que la Sala cumplió con su deber de fundamentar su fallo. Además, argumentaron que los demandantes demostraron inconformidad con la decisión de la Sala por ser desfavorable a sus intereses, lo cual no constituyó un agravio real y latente como para anular lo resuelto en primer grado, “toda vez que no se acreditó la destrucción de la presunción de inocencia de los sindicados”.
Esta resolución fue notificada a los comunitarios el 19 de mayo de este año.
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El fallo causó alegría y satisfacción entre las personas criminalizadas. “Estamos contentos porque hemos salido absueltos, somos inocentes”, dijo Xiquita, quien envió un mensaje a la población. “Queremos que entiendan que el centro es un patrimonio nuestro, no es de unos cuantos vecinos e instamos para que velemos por el bien común de nuestro pueblo, porque cuando dejamos de velar por eso otras personas se aprovechan de eso”, puntualizó.
