Una protesta contra el alcalde de San Marcos La Laguna, Raúl Vicente Puzul Mendoza, originó un proceso penal contra una alcaldesa indígena y once líderes comunitarios y vecinos, que duró tres años.
El pasado 7 de mayo se dictó una sentencia absolutoria a favor de las y los vecinos. Sin embargo, este caso generó temor en el liderazgo comunitario.
Por Juan Bautista Xol
Tras un proceso de tres años, doce comunitarios Kakchiqueles de San Marcos La Laguna, seis hombres y seis mujeres, fueron declarados inocentes por el Tribunal de Primera Instancia Penal de Sololá, tras ser acusados por el Concejo Municipal del delito de atentado, por ejercer su derecho a la protesta.
Esta persecución judicial generó mucha tensión en cada uno de ellos, el problema psicológico consumió su liderazgo ya que fueron privados de su libertad aún estando en casa con sus familias ya que no podían salir en libertad y pensar tranquilamente en sus actividades diarias relataron a Prensa Comunitaria.
Juan Castro, abogado del Bufete de Pueblos Indígenas, que los apoyó en este proceso, explicó que la sentencia de los doce comunitarios fue absolutoria debido a que el Ministerio Público (MP) no individualizó qué acciones planificó cada persona, como señalaba la acusación.
Todo se originó en el marco de una protesta en contra de las acciones que tomaba el alcalde municipal, Raúl Vicente Puzul Mendoza, sin consulta previa a las comunidades. Con la protesta no tenían la intención de hacerle daño al alcalde municipal afirmó el abogado defensor.
Los 12 comunitarios fueron acusados por un incidente que ocurrió en octubre de 2022. A pesar de que la Fiscalía presentó pruebas y testigos, estos no pudieron evidenciar qué hizo cada una de las personas. Finalmente, el Tribunal reconoció que el acto fue colectivo y no un acto individual.
La protesta fue por dos motivos: una porque las y los comunitarios rechazaban un proyecto de alcantarillado que no tenía planta de tratamiento y eso podría generar contaminación al lago.
La segunda inconformidad es que el jefe edil realizó una asamblea a puerta cerrada donde eligió a un nuevo Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) desconociendo automáticamente a los COCODES propuestos en asamblea comunitaria.
Persecución generó temor en el liderazgo comunitario
La alcaldesa indígena Cecilia Mendoza Chiyal confirmó que la persecución en contra de ellos se debió por la protesta. Añadió que la persecución generó mucho temor en ella porque después de un debate público, en Santiago Atitlán les confirmaron que si perdían el caso serían procesados y tenían que pagar una multa de Q200 mil que exigía el alcalde municipal. En caso de no pagar la multa cuatro de ellos serían condenados a prisión.
“La persecución generó mucho temor en nosotros, nos tenían señalados y obligatoriamente nos hacían pensar que no debimos meternos con el funcionario público porque no tenemos dinero y además pensábamos si realmente somos delincuentes porque eso es lo que nos decían”, añadió Mendoza con voz entrecortada.
1️⃣La comunidad Kaqchiquel de San Marcos La Laguna informó acerca de la absolución de cargos contra 12 personas criminalizadas por disentir con el alcalde municipal Víctor Mendoza, en 2022 📢
En el Tribunal de Primera Instancia Penal de #Sololá se llevó a cabo la última audiencia… pic.twitter.com/1TWz7uizoo
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 9, 2025
Mendoza Chiyal indicó que a pesar del miedo y de las preocupaciones continuó asistiendo a las asambleas del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) pero que no podía tomar decisiones como los otros líderes comunitarios.
Otros comunitarios que pidieron omitir su identidad manifestaron que la persecución les demostró el interés que hay detrás de las acusaciones falsas y señalaron que la justicia está al lado del dinero y no de las personas que defienden sus derechos. También se solidarizaron y comprendieron temerosamente los procesos de criminalización que un defensor de la madre tierra vive al momento de ser señalado.
“Comprendemos ahora lo que viven nuestros hermanos que defienden sus derechos, a pesar de que es un derecho, pero para ellos es tocar el lado donde no pueden trabajar porque saben que ahí hay mucho dinero”, comentaron los afectados.
Según Mendoza Chiyal, las personas que fueron perseguidas por el Concejo Municipal aún están marcadas psicológicamente y emocionalmente pero ella seguirá luchando con fuerzas para su comunidad.
“Ahora sé que la justicia esta al lado de donde conviene estar, pero también sé que hay una justicia espiritual y esa será siempre mi justicia. Toca pedir muchas energías y sabidurías, aunque sé que es complicado, pero, con la fuerza de mis abuelos seguiré luchando”, concluyó la alcaldesa indígena.
