Créditos: Prensa Comunitaria
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Por Marcia Aguiluz Soto*

“Los poderes nos tienen acorralados”, me decía Cándido en la conversación que tuvimos el pasado 26 de enero en la comunidad de El Paraíso, ubicada en el departamento de Petén, Guatemala.

Nos reunimos un domingo muy temprano, en un día inusualmente fresco para la región. Los dirigentes comunitarios presentes me comentaban que prefieren el frío al calor intenso que suele superar los 40 grados centígrados. Ese día hubo bromas, risas y alegría por el reencuentro. La noche anterior, Ernesto me compartió que, gracias a las lluvias constantes, este año lograron cosechar un poco más de lo normal, algo que los tenía especialmente contentos.

Mujeres y hombres reunidos en un espacio comunitario. Foto de Marcia Aguiluz Soto

La alegría que percibí contrastaba con la realidad de exclusión, abandono y persecución que las comunidades han enfrentado por décadas. En la Sierra del Lacandón y la Laguna del Tigre viven aproximadamente 60 mil personas, según el dato proporcionado por las comunidades. A pesar de su número, para el Estado de Guatemala simplemente no existen.

En los años 60, el propio gobierno impulsó la colonización del departamento de Petén, incentivando a familias campesinas a establecerse en la región. Sin embargo, en 1989, la aprobación de una ley para declarar buena parte de Petén como área protegida transformó sus vidas. Aunque esta legislación tenía un objetivo loable —la protección del medioambiente—, generó una gran injusticia: comunidades asentadas desde hace décadas quedaron atrapadas bajo un marco legal que desconocían. Pasaron de ser campesinos a ser considerados invasores.

Un campesino me relató el día en que llegaron las autoridades. Les dijeron que vivían en una zona protegida, que no podían trabajar la tierra y que debían marcharse, dejándolo todo sin alternativa alguna. Así comenzaron los desalojos, la persecución y criminalización de dirigentes comunitarios, la destrucción de cultivos e infraestructura que las propias comunidades habían construido con mucho esfuerzo.

Desde entonces, duermen con un ojo abierto y otro cerrado, en permanente incertidumbre debido al riesgo de ser desalojados en cualquier momento.

Por años, las comunidades han buscado acercarse a las autoridades locales y nacionales. Han presentado propuestas para un desarrollo sostenible que combine la conservación ambiental con su supervivencia. Pero la respuesta ha sido la misma: “Con ustedes no podemos hablar, son usurpadores, delincuentes y no existen”. Y si no existen, no hay obligación de invertir en caminos, salud, educación o cualquier mejora en sus condiciones de vida.

El mensaje es claro: si no los reconocemos, no tenemos responsabilidades con ustedes. Y así, el sistema económico, político, legal, judicial y militar se alía para negarles sus derechos. ¡Cuánta injusticia junta en un sistema que solo sabe excluir!

“Lo que nos queda es seguir organizados y luchar”, me decía Cirilo. Y tiene razón: el poder comunitario es algo que nadie les puede arrebatar. Tampoco la alegría que les caracteriza y que es una forma de resistencia.

“No a las capturas ilegales, no a los desalojos en Petén y no a los acuerdos de cooperación”, el mensaje escrito por las comunidades. Foto de Marcia Aguiluz Soto

Las comunidades de Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre están formadas por personas honestas, trabajadoras: abuelas, abuelos, padres, madres, hijos e hijas. No son delincuentes. Luchan por ser reconocidos, por su derecho a la tierra, por su dignidad. Son campesinos y como tales, sin tierra donde sembrar, no pueden vivir.

El Estado de Guatemala no puede seguir ignorando esta realidad. Las comunidades existen, y tienen derecho a ser escuchadas. Posponer la solución no es una opción. Solo un diálogo honesto y transparente puede poner fin a esta injusticia. Estoy segura de que es posible encontrar una salida que permita la convivencia sostenible entre las comunidades y el bosque, con ellas como actoras clave en la conservación y el desarrollo.

Es hora de actuar, de reconocer su existencia y de construir juntos un futuro en el que nadie quede excluido. La lucha de estas comunidades es también nuestra lucha, por un mundo más justo y humano.

*Por cuestiones de cuidado/seguridad se omitieron los apellidos de las fuentes.

Autora:

*Marcia Aguiluz Soto es directora para América Latina en American Friends Service Committee.

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