La magistrada Blanca Alfaro y los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral están en desacuerdo por la presidencia de la entidad, lo que podría poner en riesgo la estabilidad institucional y cuestionamientos de los partidos políticos.
Prensa Comunitaria
La imposibilidad de que el magistrado Gabriel Aguilera asuma la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que se encuentra suspendido de sus funciones por un proceso penal junto a tres magistrados titulares, ha sacado a luz un conflicto más en dicho órgano. A esto se podría sumar una nueva crisis o desconfianza en la democracia del país en un ambiente de continuas polarizaciones.
Después de conocerse que la magistrada Blanca Alfaro, entregó su cargo como presidenta el 6 de enero pero que continuará ejerciendo la presidencia “en funciones”, debido a que dicho cargo debe ser ocupado por un magistrado titular, no fue bien recibido por los magistrados suplentes.
Los cuatro magistrados suplentes han convocado a dos reuniones para conocer los fundamentos legales de cómo se hizo el procedimiento para que Alfaro siga en la presidencia, ya que consideran que no fue el más adecuado pero que se podría llegar a un acuerdo para que se mantenga en el cargo.
Sin embargo, Alfaro -cuya presidencia comenzó el 26 de octubre de 2023 y terminó el 5 de enero- se defendió en una conferencia de prensa, acompañada del exmagistrado César Conde Rada y la exdiputada Nineth Montenegro, para explicar cómo se desarrolló el proceso y justificar su permanencia en el cargo.
Alfaro justificó que debió asumir el cargo porque el TSE no puede quedar sin quien lo lidere y al ser la única magistrada titular ejercerá el cargo en funciones, ya que los suplentes no pueden.
#TSE 📢 La Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 126 designa la forma en la que se debe presidir el Tribunal Supremo Electoral
Blanca Alfaro mantiene la presidencia al ser la única magistrada titular mientras Gabriel Aguilera, a quien le correspondía el cargo,… pic.twitter.com/7DcfWScN3I
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) January 7, 2025
Los riesgos que implica
Luego de explicar lo que establece el artículo 127 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos ante la ausencia temporal del presidente y otros puntos, el exmagistrado Conde Rada amplió que este conflicto puede generar desconfianza política y social.
“La disputa por el liderazgo del Tribunal tiene como primera consecuencia que los partidos políticos, en particular los de oposición, probablemente aprovecharán la incertidumbre para cuestionar el proceso electoral y otras funciones que le corresponde al Tribunal… Esto podría generar un escepticismo general en torno a la formación de organizaciones políticas y entre todo el proceso electoral que se tendrá que realizar”, indicó.
Agregó que los grupos con gran poder económico o intereses estratégicos podrían tratar de influir en el proceso de sustitución de los magistrados para garantizar que este Tribunal actúe de acuerdo con sus intereses políticos o económicos, lo que podría socavar la democracia.
Para la elección de 2027 todo este conflicto podría tener un impacto directo, agregó. “Si no se resuelve de manera clara y rápida podría haber protestas sociales, acciones judiciales y cuestionamientos de los resultados, lo que podría llevar a una crisis política mucho más aguda”. A la vez exhortó a los tribunales de justicia, al Ministerio Público, a los actores involucrados a que esto resuelve en apego de la ley y privilegiando los intereses colectivos sobre los particulares.
Jahir Dabroy, consultor de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), coincide en que podría afectar la institucionalidad democrática porque es uno de los frentes políticos que tiene el Estado para legitimar procesos electorales.
“Esa disrupción o descoordinación entre magistrados suplentes y la magistrada Alfaro, tiende a generar debilidad sobre la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral y afecta también la calidad de la democracia que tiene el país”, dijo.
Dabroy recordó que algunos actores y sectores aún continúan cuestionando los resultados y la labor del TSE en las Elecciones de 2023 cuando Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, resultó ganador.
La convocatoria realizada por los magistrados suplentes no se ve mal, a criterio del consultor de Asies, porque es un espacio necesario de diálogo entre ellos. Si los titulares tienen un impedimento para ejercer su cargo, el TSE tiene que subsanar ese vacío, porque el conflicto le resta credibilidad tanto a Alfaro como a los magistrados titulares.
Para Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, lo mejor para el propio Tribunal y para los guatemaltecos es que este asunto llegue a una solución con la que todos los magistrados estén de acuerdo y se sientan cómodos.
Las decisiones de un ente colegiado deben ser, de preferencia, con el voto unánime o al menos de la mayoría. Las consecuencias de no lograr un acuerdo en primer lugar son de carácter administrativo y se complica la gestión interna de la institución, refirió.
Cuatro razones de riesgo
María Alejandra Erazo, investigadora en democracia y elecciones de Diálogos, el TSE es una institución que no solamente es fundamental para la democracia, sino que también, de la estabilidad y legitimidad de este también depende la credibilidad que tiene el sistema electoral para los guatemaltecos.
De las consecuencias potenciales de escalar o de continuar con este tipo de conflictos, mencionó al menos cuatro. Una de es la crisis de legitimidad institucional, porque cuando el liderazgo de una institución tan importante como el TSE se cuestiona, se genera en los ciudadanos y ciudadanas una percepción de inestabilidad e incertidumbre. “Eso puede erosionar muchísimo más la confianza de los ciudadanos en la capacidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral para hacer un órgano imparcial y efectivo”, refirió.
La investigadora mencionó el Latinobarómetro acaba de sacar sus resultados de 2023 y el Tribunal Supremo Electoral ya es una institución que tiene alta desconfianza en los ciudadanos, casi el 72% de los guatemaltecos encuestados tiene poca o ninguna confianza en el TSE, y si a eso le sumamos esta crisis que hay en este momento puede ser muchísimo más grave.
Otro punto es que cuando no existe un procedimiento claro, se puede abrir la puerta a muchas interpretaciones discrecionales y se puede alimentar incluso hasta narrativas de intereses que podrían entrar conflictos de influencias políticas o de algunos grupos.
Aseguró que desde Diálogos les preocupa cómo se puede fortalecer el Tribunal de cara a las siguientes elecciones, porque se puede tener un impacto si no hay una institucionalidad fuerte con claridad de lo que se tiene que mejorar en la planificación y la preparación para las elecciones.
Reiteró como un cuarto punto que en un país donde hay mucha desconfianza a las instituciones lo que sucede es que se va aumentando el escepticismo y la apatía de los ciudadanos en participar en procesos electorales.
Proceso judicial
Cabe recordar que el magistrado Aguilera, junto a Irma Elizabeth Palencia, Mynor Custodio, y Ranulfo Rojas, están señalados de la supuesta sobrevaloración del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), por un contrato de Q148 millones.
Según Alfaro, sus compañeros magistrados no han perdido la calidad de titulares, se encuentran inhabilitados temporalmente de su función, pero no han sido sentenciados y que en cualquier momento en que les devuelva su derecho, puede continuar. En el caso de Aguilera le corresponde entregar la presidencia a Aguilera el 20 de marzo de 2026.
Incluso la excongresista Montenegro refirió que la misma Corte de Constitucionalidad (CC) ha ratificado que los magistrados están inhabilitados, siguen siendo titulares.
“Estamos ante un caso inédito. No recuerdo haber visto en la historia de Guatemala un caso de este tipo… no se puede generar un vacío de poder, no se puede dejar acéfala la institución e incluso hasta podría considerarse abandono de cargo, si no se asume la presidencia en funciones”, expresó al respaldar a Alfaro.
Los argumentos
Alfaro y el secretario del TSE, Alexander Velásquez, aseguraron que los magistrados suplentes fueron convocados a sesión de Pleno para discutir el tema de cambio de Presidencia el domingo 5 de enero de 2025 a las 12:00 horas, acudieron solamente tres de ellos. Luego se les convocó el lunes 6 de enero y asistieron de nuevo tres, lo cual provocó falta de quórum.
Según Alfaro, el magistrado suplente Marco Antonio Cornejo no se presentó y es uno de los que firmó la convocatoria. Para la magistrada, los suplentes no pueden convocar al Pleno, solo actúan cuando se le convoca para determinados temas.
Alfaro les solicitó al Conde Rada y Montenegro apoyo para aplicar el procedimiento natural para no tergiversar ni “crear un caos mayor del qué país ya tiene desde el punto de vista democrático… El Tribunal tiene un llamado a guardar la paz, la armonía, el respeto a la alternancia del poder a la gobernabilidad”.
Reiteró que el TSE ya está en crisis debido a la falta de los magistrados titulares, y como órgano electoral no puede crear más caos o más crisis.
Alfaro junto al secretario del TSE realizaron un sorteo para convocar a Pleno a los magistrados Marlon Josué Barahona Catalán, Álvaro Ricardo Cordón Paredes, Noé Adalberto Ventura Loyo y Pablo Adolfo Leal Oliva, este jueves 9 de enero a las 6:00 horas en la sede central del Tribunal Supremo Electoral.
