El principal asesor de USAID para Centroamérica, Administrador Adjunto interino de esta agencia, Michael J. Camilleri asegura que reafirma el apoyo de la administración Biden al gobierno de Bernardo Arévalo De León en la lucha contra la corrupción, uno de esos apoyos se materializa en la instalación de varias oficinas o unidades de probidad en los ministerios estatales. Reconoce el éxito de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el fracaso de este modelo en los demás países del triángulo norte.
Por Nelton Rivera
Michael Camilleri, visitó Guatemala a inicios de octubre en el marco del Foro Centroamericano de Donantes (CADF) en la ciudad de Antigua Guatemala y conversó con Prensa Comunitaria sobre el apoyo que la Agencia está dando al presidente Arévalo para combatir la corrupción y fortalecer la fiscalización de las instituciones gubernamentales. El hasta hace poco responsable de la estrategia para Centroamérica de USAID para la iniciativa Iniciativa Democracia en Acción de la Agencia y su Grupo de Trabajo del Triángulo Norte, revela la creación de oficinas o Unidades de Probidad financiadas por Estados Unidos en al menos cuatro ministerios, y asegura que la iniciativa ya ha permitido detectar redes de corrupción en dos hospitales y una red de estafas en el Ministerio de Trabajo, vinculada al programa de visas de trabajo temporal en Estados Unidos y Canadá.
Aunque prevé que personas o grupos vinculados a actores corruptos reaccionen contra la iniciativa, confía en que los trabajadores y funcionarios estatales apoyen un esfuerzo que les ayudará a trabajar de manera más transparente.
Sabemos que USAID está implementando oficinas de probidad dentro de instituciones del Ejecutivo, ¿nos puede explicar con detalle este programa?
Puedo hablar de varios esfuerzos para apoyar la agenda del presidente Arévalo en materia de anticorrupción, incluyendo las llamadas “Unidades de Probidad”. Comienzo diciendo que esta agenda de combate a la corrupción, de fomentar la modernización y transformación de las instituciones del Estado, responde a la visión del presidente Arévalo. Uno de los factores que consideramos esenciales en la victoria electoral que él tuvo fue el deseo del pueblo guatemalteco y estamos entusiasmados de poder apoyarlo. A través del encuentro que comenzamos en la Antigua Guatemala, y de los compromisos del diálogo económico de alto nivel.
Hay tres líneas de trabajo que quisiera destacar: la primera tiene que ver con la digitalización de los procesos gubernamentales. Entendemos que esa digitalización reduce pasos, tiempo y costos de gestión. Es digamos, una mejor experiencia para el ciudadano que está interactuando con los servicios estatales, pero también tiene el beneficio de reducir la discreción del funcionario, evitar los cobros indebidos y corruptos en muchos casos.
Hemos tenido ya unos avances importantes en ese área. Por ejemplo, digitalizar la seguridad fronteriza en el aeropuerto Internacional La Aurora. Otro es la digitalización de la solicitud de los antecedentes policíacos, siempre con la intención de facilitar y de reducir oportunidades para cobros indebidos.
La segunda línea es la de apoyar las Unidades de Probidad, que hasta ahora operan en cuatro ministerios, con la esperanza de hacer ese mismo trabajo en cuatro ministerios más.
¿En qué consisten?
Son unidades de control interno dentro de los ministerios para prevenir, detectar y combatir la corrupción. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, ya se han descubierto esquemas de corrupción en dos hospitales. Las unidades permiten identificar y desmantelar redes de corrupción establecidas, en algunos casos, desde hace mucho tiempo, lo cual ha llevado a acciones disciplinarias para destituir a los responsables de estos actos de corrupción. Igualmente, en el Ministerio de Trabajo hemos detectado una red de estafas que operaba alrededor del programa de visas de trabajo temporal que ofrecen el Gobierno de Estados Unidos y el de Canadá. En este caso, los resultados del análisis aportaron suficiente información para la captura de un funcionario por el delito de fraude.
Finalmente, la tercera línea de acción tiene que ver con el fortalecimiento de la Comisión Nacional Contra la Corrupción. Tuve la oportunidad la semana pasada de reunirme con el director, el doctor Flores, para conversar sobre ese trabajo.
Estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo conjuntamente para fomentar una cultura de transparencia, rendición de cuentas y probidad dentro de las instituciones del Estado. El nuevo código de ética aprobado el pasado 19 de abril fue una acción y un compromiso importante del Gobierno, y está siendo actualmente socializado en todas las instancias del Ejecutivo como mecanismo de prevención y fomento de la probidad y transparencia.
¿Cómo es el mecanismo para operativizar estas Unidades de probidad? ¿Se parte de la institucionalidad que ya existía en los ministerios o se crea un área nueva? ¿Cuál es su contraparte del lado del Gobierno de Arévalo en este esfuerzo?
Una contraparte importante ha sido la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción para efectos de este código de ética y los cambios culturales que queremos fomentar. Pero al instalar las Unidades de probidad elegimos cuáles eran los ministerios de enfoque y se lo propusimos a la agencia (USAID) y al ministerio en cuestión, y luego damos una contrapartida importante para la instalación. En algunos casos vamos construyendo sobre algo que ya existía y en otros elaborando algo desde sus inicios, pero siempre en diálogo con la Comisión.
La selección del personal de esas oficinas es clave en este tema
Por supuesto, el proceso obviamente de elegir al personal preparado, calificado, con los estándares más altos de integridad van a ser claves para el éxito de ese proceso. El proceso de selección del personal es exclusivo del gobierno de Guatemala, USAID da asesoría técnica y recomendaciones para ese proceso pero la última palabra la tiene cada ministerio del gobierno.
¿Existen experiencias similares en otros países?
En Estados Unidos tenemos un Inspector General en cada agencia federal. Es una oficina de asuntos internos que puede recibir denuncias y hacer investigaciones sobre corrupción, sea a partir de una queja recibida por un empleado o una solicitud del Congreso. Por ejemplo: una investigación administrativa que puede terminar en acciones administrativas pero, en el caso de ser necesario, se refiere al sistema de investigación penal. Y hay distintas versiones de ello en otros países.
Desde la creación de las oficinas de probidad en Guatemala, ¿han encontrado resistencia dentro de las instituciones del Estado o desde la oposición al Gobierno de Arévalo?
Quizás nuestros colegas guatemaltecos, que están realizando el trabajo día a día en los ministerios, serían los más calificados para responder. Yo diría que en la implementación de estas iniciativas siempre la comunicación es muy importante. La contratación de personal que pueda generar confianza en el resto de los empleados es muy importante, así como explicar claramente cuáles son sus potestades, o cuál va a ser el derecho de respuesta de alguien señalado en una acusación. Es importante fomentar una recepción institucional frente a una iniciativa como esta. Dicho eso, es natural esperar que donde han existido procesos opacos, con altos niveles de discrecionalidad, y en algunos casos redes de corrupción, esto no necesariamente va a ser fácil. Pero también estamos convencidos de que la mayoría de funcionarios quieren trabajar por el bien del pueblo guatemalteco y de manera transparente.
Si estas iniciativas son bien explicadas, normalmente funcionan de la manera en que están concebidas y van a tener una buena recepción en la mayoría de funcionarios porque en vez de tener al lado a alguien robando y ensuciando el nombre de la institución, y haciendo más difícil el trabajo de todos, van a tener una institución de la cual se pueden sentir orgullosos y que funciona mejor.
Sé que no puede hablar de las elecciones en Estados Unidos, pero ¿Cómo ve la continuidad de estas iniciativas? De no continuar la administración demócrata con Kamala Harris, ¿puede asegurar que se seguirá apoyando a estas oficinas?
Sin entrar en escenarios electorales y reconociendo que, por supuesto, cada presidente de nuestro país tiene la prerrogativa de determinar cuál va a ser la política exterior, diría dos cosas: USAID tiende a trabajar con ciclos largos, reconociendo que lograr avances en materia de desarrollo, fortalecer instituciones, combatir la corrupción, no pasa de un día para otro. Por eso nuestros proyectos están diseñados muchas veces con tiempos de 2 a 5 años. Así que, en general, hay una continuidad importante en los programas de USAID porque están diseñados para el mediano plazo.
El segundo punto es que creo que, en general, hay un reconocimiento bipartidista, en el Congreso de Estados Unidos, de que la transparencia y el combate de la corrupción son importantes en cualquier agenda de desarrollo en los países donde estamos invirtiendo como país. La corrupción es un enemigo a la hora de mejorar la educación, fortalecer la salud o crear empleos dignos, es un obstáculo para el crecimiento del sector privado porque debilita la certeza jurídica que requieren los negocios para invertir, socava la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el Estado, y fomenta en muchos casos la migración irregular. En ese sentido me parece que hay un apoyo político bastante generalizado a la importancia de invertir en Estado de derecho, fortalecimiento de las sesiones democráticas y combate a la corrupción.
Dicho eso, por supuesto vamos a tener sí o sí una persona nueva en la presidencia de Estados Unidos en enero, que va a tener la prerrogativa y el derecho de evaluar las políticas y determinar si quiere hacer ajustes.
En El Salvador ustedes financiaron la CICIES, pero Nayib Bukele la cerró; en Honduras la CICIH aún no logra implementarse después de tres años de esfuerzos. ¿Está fallando la estrategia de la administración Biden de lucha contra la corrupción en el Triángulo norte?
Honestamente, creo que en parte fuimos víctimas del éxito de la CICIG. No es poca cosa que un país ceda una parte de su soberanía, invite a una institución internacional a apoyar sus instituciones judiciales y coopere dentro de su propio sistema judicial. Vimos el caso de CICIG y lo exitoso que fue ese modelo, y por eso ciudadanos y algunos líderes políticos tanto en El Salvador como en Honduras han querido replicar ese modelo. Pero sabemos que el propio poder del modelo también amenaza intereses igualmente poderosos. Eso explica que haya generado resistencia en Honduras y en El Salvador, igual que sucedió en Guatemala.
Dicho eso, no es que sin la instalación de una comisión internacional nos quedemos con las manos atadas y no haya nada que hacer. Y aún con la instalación de un mecanismo internacional, el fortalecimiento de las instituciones nacionales es absolutamente clave sabemos que ese tipo de instituciones no son ni deberían ser para siempre.
La rendición de cuentas también viene desde afuera del Estado, con medios independientes, sociedad civil, movimientos ciudadanos, que son clave, como lo hemos visto en el caso de Guatemala, para que las instituciones estatales rindan cuentas. Así que, por un lado, sí se podría decir que algunos esfuerzos para replicar la experiencia de la CICIG no han tenido éxito, pero no por eso nos quedamos sin opciones para seguir trabajando contra la corrupción. También en eso Guatemala, es un buen ejemplo.
