Durante la etapa de apertura a juicio, la jueza de mayor riesgo “D” no permitió utilizar un informe de análisis criminal que detalla cómo habrían operado los miembros de una red que se presume sustrajo más de Q50 millones del Ministerio de Salud durante el gobierno del extinto Partido Patriota.
Por Alexander Valdéz
Durante varias semanas la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, desarrolló la audiencia de apertura a juicio contra 14 implicados en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud, un proceso develado en época de la FECI de Juan Francisco Sandoval y la extinta CICIG, y que evidenció cómo se sustrajeron cerca de Q50 millones a través de plazas fantasma y el cobro de sobornos por construcción y remozamiento de hospitales.
Previo al inicio de esa etapa del caso, y sin que el MP haya iniciado con la descripción de los presuntos hechos de corrupción, la jueza negó la incorporación del informe de Análisis de la Dirección de Evaluación y Análisis Criminal del Ministerio Público (MP) identificado como DEAC-2018-127.
Un documento que era importante para acreditar los hechos investigados y explicar cómo estaban involucradas personas particulares y altos exfuncionarios de Estado, entre ellos, al exdiputado Estuardo Galdámez, ya beneficiado en el caso. Así como al exdiputado Luis Fernando Pérez, Sarí Villavicencio, hija del fallecido exministro Jorge Villavicencio, entre otros.
Un informe de este tipo es clave dentro de una investigación, ya que, en casos de corrupción permite que un fiscal pueda explicar y acreditar el papel que jugaba cada uno de los presuntos integrantes de la red criminal.
La decisión recientemente trascendió hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad (CC), que analizó una apelación presentada por el MP, que obtuvo un fallo favorable, reactivando un amparo contra la decisión de Cruz Toscano.
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“Negligencia” de la FECI
A consideración de la fiscalía, la resolución de la juzgadora fue “oscura y contradictoria”, ya que debió considerar la falta de fundamento legal que limite al MP para que pueda modificar el escrito de acusación e incorporar medios de convicción en la audiencia intermedia.
El argumento de la jueza para negar el uso de ese informe en la etapa intermedia, fue que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ahora dirigida por Rafael Curruchiche, incurrió en una “negligencia”, debido a que previamente tuvo el tiempo suficiente para presentarlo y solicitar su incorporación.
“Hubo tiempo suficiente para que dicho informe fuera presentado juntamente con la acusación y que al no hacerlo, encuentra negligencia del Ministerio Público”, dice la resolución de la jueza.
De momento, la decisión judicial beneficia a los acusados. La resolución en la que se conocerá si Cruz envía o no a juicio a los procesados está programada para el próximo 23 de agosto.
Sandoval: “Tuvieron tres años para enviar la información”
El extitular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien tuvo la dirección de ese caso, considera que lo ocurrido es parte de un patrón de “supuestos errores” de la fiscalía, que consiste en no presentar a tiempo información de los casos de corrupción y así favorecer a los implicados, para luego responsabilizar al antiguo equipo de la fiscalía.
“Yo salí del MP en 2021, han pasado tres años, existe un patrón de supuestos errores de la fiscalía de no presentar a tiempo la información. Tuvieron acá tres años, para hacer llegar la información. Por esa misma razón han desarticulado casos de gran corrupción (…) Luego de que obtienen resultados favorables para la corrupción pero desfavorables para la justicia, en lugar de asumir su responsabilidad, han tratado de responsabilizar a quienes hace mucho tiempo dejamos la fiscalía”, indicó Sandoval.
De hecho, uno de los argumentos de la jueza, para rechazar la incorporación del informe, fue que hubo tiempo antes de la etapa intermedia para hacer la solicitud de modificar la acusación.
CC otorga apelación
A semanas de conocerse la resolución de apertura a juicio, la CC conoció la apelación presentada por la FECI de Curruchiche, declarándola con lugar y ordenado a la Sala que tramite un amparo, con el que se busca dejar sin efecto la decisión del Juzgado de Mayor Riesgo “D”.
“Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, por medio de la Agente Fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, Sara Edith Zamora Ordoñez. IV. Revoca la resolución apelada por la cual se dispuso suspender, en definitiva, el trámite de la acción constitucional de amparo instada. V. Ordena al a quo que prosiga con la tramitación del amparo en la fase procesal que corresponda”, se lee en la resolución.
Otro caso sin avanzar
En 2019, la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud, durante el período 2012 al 2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una red integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.
La investigación identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, sobornos por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
En la investigación, el exasesor del ministro de salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera, fue colaborador eficaz y aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios.
El primer beneficiado con la jueza fue el exdiputado Galdámez, el pasado 16 de mayo, dictó una resolución a su favor, librándose de juicio pese a la evidencia aportada por la FECI, que en 2019, acreditó la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero.
Los fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en Guatemala.
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