¿Cuáles fueron los motivos para efectuar estos proyectos? ¿Se puede hacer una contratación para darle mantenimiento a una carretera sin hacerle una evaluación previa? Estas fueron algunas preguntas que se hizo la Contraloría General de Cuentas (CGC) al analizar dos proyectos millonarios de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), en los que se identificaron varias deficiencias que quedaron registradas en un informe.
Por Cristian García
El gobierno de Alejandro Giammattei tuvo un amplio presupuesto para trabajos de infraestructura. Aunque muchos de estos sirvieron como plataforma para la campaña política del partido Vamos, su realización estuvo marcada por diversos vicios.
Para muestra, la Contraloría evaluó un par de licitaciones, de 2022, que buscaban darle mantenimiento a dos vías pavimentadas que, según Covial, se encuentran en el departamento de Guatemala y tienen una extensión conjunta de 18.62 kilómetros.
Una fue asignada a la Constructora Universal por Q14.99 millones, para la ruta que conecta Bárcenas con Santa Lucía Milpas Altas. La otra se le adjudicó a Constructores de Guatemala MYC por Q15.30 millones, para la carretera entre la capital y San José Pinula.
Si bien se emitieron dictámenes técnicos y financieros para ambas obras –que juntas están valoradas en Q30.29 millones–, el ente fiscalizador expuso que en los documentos no se detalló cómo surgió la necesidad ni la justificación de la contratación.
De esa manera, la CGC señaló que no había certeza de que los proyectos fueran objetivamente necesarios. La dependencia de la cartera de Comunicaciones tampoco brindó evidencias del estado de los tramos ni cuál sería la población beneficiada.
Covial, además, no determinó con exactitud los lugares o kilómetros en donde se iban a desarrollar las labores. Es decir, ni siquiera se sabía las áreas en las que se tendrían que efectuar los trabajos de mantenimiento.
Defensa
La Contraloría no le reprochó estos “errores” a Mario Aguilar, exdirector de Covial; o a Javier Maldonado, exministro de Comunicaciones. Y eso que ambos participaron en estas contrataciones millonarias.
En cambio, el ente fiscalizador le recriminó los hechos a Ronald Estuardo Asig Pacay, antiguo subdirector Técnico de Covial, quien reconoció que no se establecieron las partes de las vías que serían objeto de mantenimiento.
El ingeniero dijo que eso se define hasta que la empresa contratada evalúa el tramo adjudicado, por medio del estudio de suelos, análisis de tránsito vehicular y diseño de la estructura del pavimento.
“Posterior a la validación (de los estudios) con los supervisores a cargo de la ejecución y autoridades técnicas de Covial, se establece con precisión la ubicación de la intervención a realizar”, aseguró Asig Pacay.
Asimismo, mencionó que esa información técnica forma parte de los documentos que, oportunamente, se entregan y aprueban dentro del plazo del desarrollo del proyecto y “nunca en la fase de contratación”.
El profesional agregó que estas licitaciones eran parte del Plan Anual de Compras. Por eso, refirió que las obras “satisfacen las necesidades de la entidad” y afirmó que no había “duda alguna sobre su naturaleza y justificación de contratación”.
Sanciones
La Contraloría no aceptó los argumentos de Asig Pacay y lo penalizó con Q56,231.86. Por deficiencias en los dictámenes presupuestarios, se le impuso una multa de Q5,410.62 a Rolando Santizo Tajiboy, quien fungió como subdirector Administrativo Financiero.
En tanto que Mario Aguilar, exdirector de Covial, tendrá que pagar otros Q5,410.62 por falta de algunos documentos para estos concursos públicos (defecto en el que también estuvo involucrado Asig Pacay) y no por las anomalías enunciadas en este reportaje.
