El MP anunció una “nueva fase” del caso contra el partido oficial. Ahora, la FECI pidió al Juzgado Séptimo Penal autorización para obtener información financiera de extrabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por Alexander Valdéz
El juez séptimo penal Fredy Orellana aceptó una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y autorizó al Ministerio Público (MP) practicar nuevas diligencias de investigación dentro de lo que han denominado “una nueva fase” del proceso penal que se sigue contra el partido Semilla.
La solicitud fue realizada por la agente fiscal Leonor Morales, con sanciones internacionales por corrupción, quien explicó que se identificaron otros hallazgos relacionados con la pesquisa que se realizaba por las supuestas firmas falsificadas de afiliados a dicha agrupación y alteraciones de las actas con los resultados electorales.
“Algo que hay que remarcar también, es que acá lo que se está investigando no es la compra del sistema TREP, esos son otros hechos distintos que conoce otro juzgado. Acá no se investiga la posible compra de ese sistema o manera en la que se utilizó la Ley de Compras y Contrataciones. Acá lo que la FECI informa es sobre la posible mala utilización del sistema TREP, debía de haber funcionado de una manera idónea y sin ningún tipo de error. A criterio de la fiscalía no sucedió”, indicó el juez Orellana, también incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos.La información a la que se pidió autorización judicial consiste en información bancaria de extrabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que a criterio del Ministerio Público pudieron participar en diferentes irregularidades relacionadas al manejo del sistema informático.
🚨 #Ahora 🚨 Fredy Orellana acepta solicitud de FECI en caso contra el partido Semilla
El juez Fredy Orellana aceptó la solicitud realizada por la fiscal de FECI, Leonor Morales, para requerir información financiera de extrabajadores del TSE que están siendo vinculados al caso… pic.twitter.com/WWYYNgss5k
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 19, 2024
Fuentes consultadas indicaron a Prensa Comunitaria que la estrategia de la fiscalía iría dirigida a poder extender el plazo de la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla, presentando como justificación “nuevos elementos de investigación”.
De hecho, el artículo 84 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece el plazo en el que puede mantenerse una medida precautoria, en este caso la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla. La suspensión de ese partido se anunció en julio de 2023, es decir, falta un mes para que se agote el plazo legal.
“Artículo 84. Solicitud. En los casos en que se debe solicitar la autorización o convalidación de las medidas precautorias, el fiscal deberá presentar solicitud fundamentando la necesidad de la medida, acompañando copia de los elementos de convicción que la justifiquen para el éxito de la investigación. El fiscal debe indicar el término de duración de la medida solicitada y las especificaciones necesarias para concretarlas; en ningún caso la medida podrá exceder del plazo de un año”, indica el artículo.
Un fallido golpe de Estado
En 2023, pasada la primera vuelta de las elecciones generales, la FECI anunció el caso dirigido contra el partido Semilla, que estuvo a cargo de otra unidad de investigación y que se retomó luego de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera lograron pasar a la segunda vuelta presidencial.
El 8 de diciembre de 2023, Rafael Curruchiche y la fiscal Leonor Morales, ambos con sanciones internacionales por corrupción, anunciaron acciones penales contra el Movimiento Semilla. Dos de ellas están enfocadas a señalar supuestos delitos cometidos por el presidente electo y sus diputados.
En la tercera, la fiscalía se empeña en señalar al Tribunal Supremo Electoral de un supuesto fraude electoral, sin especificar a quién se pudo favorecer o si las actas con irregularidades influirían realmente en los resultados electorales del 25 de junio y el 20 de agosto.
La fiscal Morales enumeró una serie de supuestas irregularidades para sustentar la narrativa de fraude, alegando que “las actas eran nulas de pleno derecho”, pero sin atreverse a decir que los resultados no tenían validez, ya que esa es una facultad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral y ya fue certificada con anterioridad.
Fue así como se inició lo que se consideró como un intento de golpe de Estado desde el MP de Consuelo Porras. Y aunque Arévalo logró asumir el puesto, aún el proceso sigue avanzando desde esa fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están pendientes de conocerse las solicitudes de retiro de inmunidad promovidas contra el mandatario y diputados del oficialismo.
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