La Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo provisional a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y a los tres magistrados suplentes que integran esta última institución. La solicitud de antejuicio sigue activa contra los magistrados titulares Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco.
Por Prensa Comunitaria
La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) solo detiene los procesos de antejuicio contra cuatro de 8 magistrados que son analizados por la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República.
Los magistrados titulares Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera, Blanca Alfaro, Mynor Franco; y los suplentes Álvaro Ricardo Cordón, Marco Antonio Cornejo y Marlon Josué Barahona, fueron señalados de cometer fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, por supuestas irregularidades en la contratación del programa informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Por ese sistema, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pagó Q148.85 millones a la empresa Datasys. La compra se concretó en marzo, pero la Fiscalía de Delitos Administrativos cuestionó la adquisición hasta septiembre pasado, después de que se supieron los resultados electorales.
Con la resolución de la Corte de Constitucionalidad solo se detienen los antejuicios contra la presidenta Blanca Alfaro, y los suplentes Cordón, Cornejo y Barahona.
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Alfaro se opuso a la suscripción del convenio y los suplentes ni siquiera intervinieron en ese proceso. Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco sí avalaron el acuerdo.
En contra de estos últimos cuatro togados, el procedimiento para despojarlos de la inmunidad seguirá activo en el Congreso de la República, ya que la CC declinó detener el trámite a favor de ellos.
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Alianza oficial presiona por antejuicio
El presidente de la Comisión Pesquisidora, Enrique Montano, pidió que el informe en el que se debe recomendar si se retira o no el antejuicio a los magistrados se entregara hasta el próximo año.
Sin embargo, los integrantes de esa instancia rechazaron la propuesta. En cambio, decidieron que el documento se presente al pleno de legisladores el 28 de noviembre, un plazo que Montano calificó como “insuficiente”.
“Es poco tiempo para hacer un dictamen ante el Congreso de la República (respecto a si) hay indicios de algo ilegal o no”, señaló el parlamentario después de que terminó la sesión de la Pesquisidora.
Y es que, según Montano, él quería saber cómo se hizo la licitación, quiénes conformaron la junta que evaluó las ofertas, entre otras cuestiones. Debido a la premura, dijo que tendrá que determinar si se puede hacer ese tipo de diligencias en “tan poco tiempo”.
Tras lo acontecido hoy, será esta legislatura la encargada de decidir si le quita el antejuicio a Palencia, Rojas, Aguilera y Franco, todos magistrados titulares. Necesitarán 107 votos para conseguirlo, una cantidad que la alianza oficialista normalmente consigue.
La relación de este organismo con el TSE se volvió ríspida, pese a que fue esa misma alianza la que eligió a los togados. Incluso, los parlamentarios abuchearon a Palencia en la sesión de hoy, cuando se conoció y se rechazó su postulación para integrar las Salas de Apelaciones.
