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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 2 minutos

Por Edgar Gutiérrez

No es pedir peras al olmo

Las elecciones de 2023 no serán normales. Ocurrirán -si es que ocurren- en el contexto de la deriva autocrática que ya imprimió el Pacto de Corruptos a la dinámica política en su carrera desenfrenada de captura entera de las instituciones del Estado.

Varios pre-candidatos presidenciales que tienen la expectativa de hacer “calistenia” en las redes sociales y en las tarimas para darse a conocer en 2023 -y así cultivar el músculo con vistas a 2027- deben considerar más seriamente el escenario de que en menos de cinco años la democracia estará muerta, velada y enterrada, desatando la primera gran ola de exilio del siglo XXI.

No pido peras al olmo a la clase política que está deslindada del proyecto del Pacto de Corruptos. No espero la respuesta histórica ante la gran amenaza a las libertades. Estamos huérfanos de los Fuentes Mohr, Manuel Colom, Fito Mijangos, Silva Jonama, René de León, Cerezo y Cabrera. Por eso no es viable un Frente Nacional de Oposición. En contrapartida no hay tampoco una derecha evolucionada e ilustrada (al revés), por ejemplo, un Torres Ocampo, Skinner-Klee, Maldonado Aguirre y otros.

Por eso, el sentido común dicta que debe constituirse, modestamente, un frente nacional contra el fraude que frustre la conspiración en marcha contra la democracia.

Hay dos amenazas inminentes de fraude: el fraude de ley y el fraude electoral.

Entiendo por fraude de ley las triquiñuelas que vulneran el derecho de participación electoral de candidatos y partidos porque se les considera amenaza al estatus del Pacto de Corruptos. Este tipo de fraude puede entrar al horno desde una Contraloría que niegue arbitrariamente los finiquitos. El horno aumenta la temperatura en el Tribunal Electoral que impide inscripciones y cancela instituciones, siguiendo el guion que le dicta el Pacto; continúa con la instrumentalización del MP -con su oscuro rol de persecución política- y sale definitivamente del horno según los términos que la CC capturada dicta.

Como dirían los economistas: la entrada y salida de la matriz quedan al gusto del cliente: el Pacto.

El fraude electoral es lo que padecieron las generaciones políticamente activas en 1974, 1978 y 1982. Consiste en alterar los resultados de las votaciones para favorecer, ahora, a los candidatos del Pacto de Corruptos. Y hay varias formas de materializarlo, algunas sofisticadas, gracias a la tecnología críptica que no deja huella. Este sería el segundo recurso dado el abrumador repudio popular contra el régimen: jamás ganarían limpiamente.

Un frente contra el fraude debería incluir a todos los partidos que no son parte del Pacto de Corruptos. No es difícil identificarlos: son los que no votan con Giammattei en el Congreso. Y, entre los nuevos partidos -que surgen como hongos- tampoco es complicado saber cuáles son los satélites del Pacto: en el Consejo Ejecutivo Nacional aparecen exfuncionarios de Giammattei y Jimmy Morales, entre otros.

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